Respira
Por Soledad Durazo
La crítica al poder desde el periodismo es un pecado en el catecismo de la 4T; es por lo menos una conducta sospechosa.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, así lo hace ver al pretender exhibir a periodistas que cumplen con uno de los principios básicos del oficio: cuestionar al poder, señalar sus desaciertos, demostrar sus mentiras e imprecisiones.
Le tengo una mala noticia a la funcionaria: se quedó corta.
En su anatomía de un “ecosistema de amplificación digital” presentó una lista de periodistas, medios, organizaciones, políticos y cuentas en redes sociales que, según la explicación gubernamental, reproducen y amplifican narrativas contrarias a la llamada Cuarta Transformación… ¡Es que es de no creerse!
¿Desde cuándo ejercer un periodismo crítico se convirtió en algo que el gobierno necesita identificar, clasificar y exhibir?
Porque existan periodistas críticos de un gobierno no debería preocuparnos. Lo verdaderamente preocupante sería que dejaran de existir.
El oficio periodístico no debe confundirse con una especie de publirrelacionista, el periodismo no nació para acompañar al poder, mucho menos para tranquilizarlo. Su función democrática consiste precisamente en preguntar aquello que incomoda, buscar lo que alguien preferiría mantener oculto, confrontar versiones oficiales y someter las decisiones públicas al escrutinio; confrontar el discurso con la realidad; la promesa con los hechos.
Eso incluye equivocarse. Incluye excesos. Incluye sesgos. Incluye periodistas con posiciones ideológicas evidentes. La prensa no es infalible ni está por encima de la crítica. También debe rendir cuentas y, cuando publica información falsa, rectificar.
El gobierno está en todo su derecho de responder cuando una información es incorrecta y demostrar los datos, documentos y argumentos, pero que desde una tribuna institucional se construyan mapas de quienes piensan, publican, comentan o cuestionan aspectos del proyecto gobernante es algo muy distinto y además se viste de amenaza.
No son posiciones iguales:
El gobierno ejerce presupuesto, tiene instituciones, información privilegiada, aparatos de comunicación y una tribuna nacional diaria. El periodista tiene preguntas, fuentes, documentos, una computadora, un micrófono, redes sociales con su nombre o una cámara.
Quien gobierna está obligado a soportar el escrutinio, incluso cuando le parece injusto, exagerado o políticamente motivado. Quien informa está obligado a probar.
El poder quiere lealtad a ciegas; el periodismo libertad para hacer lo suyo.
El periodismo y el poder debieran al menos coincidir en una cosa: en que ninguno de los dos haga su trabajo para buscar popularidad. Que cada uno haga lo que tiene que hacer en función de su deber.
La estrategia seguida desde el obradorismo y continuada en el llamado segundo piso de la cuarta transformación tuvo siempre una ruta muy clara: descalificar al mensajero, desacreditarlo para que cuando el mensaje llegue a las audiencias —esas a las que dicen querer defender— no permee, no se tome en cuenta y se considere un ataque al sublime ejercicio del poder.
No iban a empezar por cerrar medios. Al descrédito viene luego la descalificación; dividir a los buenos de los malos; a los que están conmigo o están en contra del proyecto. Pero el periodista no es para definir de qué lado está sino para demostrar que lo que publica o dice es cierto.
Pero volviendo a la lista de la funcionaria Alcalde; le recuerdo que la mala noticia es que la relación de nombres está incompleta. Muy incompleta.
Porque además de los periodistas mencionados —todos con trayectorias importantes— existen cientos, quizá miles, que todos los días hacen periodismo crítico desde otras trincheras, portales independientes, estaciones de radio, televisoras, medios estatales, revistas, plataformas digitales y pequeñas redacciones en ciudades donde investigar al poder puede costar mucho más que una descalificación desde Palacio Nacional.
Periodistas que investigan desapariciones, que también documentan corrupción, que preguntan por contratos públicos, que cuentan los muertos cuando las autoridades prefieren hablar de tendencias.
Periodistas que revisan presupuestos, exhiben abusos, acompañan víctimas, investigan al crimen organizado y cuestionan por igual a presidentes, gobernadores, alcaldes, empresarios, fiscales, partidos y militares.
Muchos ni siquiera aparecerían en una pantalla nacional.
Y qué bueno.
Porque un país democrático no necesita menos periodistas críticos. Necesita muchos más.
Los necesitábamos cuando gobernaba el PRI. Los necesitábamos cuando gobernaba el PAN. Los necesitábamos durante el gobierno de López Obrador y los necesitamos durante el de Claudia Sheinbaum. Los necesitaremos también con quien venga después.
El periodismo verdaderamente crítico no pertenece a la oposición porque tampoco debería pertenecer al gobierno. Su lealtad fundamental tendría que estar con los hechos y con el derecho de la sociedad a conocer tales hechos.
Por eso convertir la crítica en una categoría sospechosa termina revelando más sobre quién hace la lista que sobre quienes aparecen en ella.
El gobierno debe saber que el hecho de que haya periodistas investigándolo, contradiciéndolo, cuestionándolo y vigilándolo no constituye una amenaza para México. Constituye una señal de que todavía existe una sociedad capaz de exigir explicaciones.
Y si alguna vez llegara el día en que desde Palacio Nacional pudieran anunciar orgullosamente que ya no quedan periodistas críticos del régimen, entonces sí tendríamos motivos para preocuparnos.
Porque el problema nunca han sido los periodistas que aparecen en las listas del poder, el verdadero problema comienza cuando ya no queda nadie a quien poner en ellas.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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