Por Sophia Huett
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La caída de Nemesio Oseguera Cervantes no es un episodio aislado. Es, en términos estrictos, el cierre de un capítulo que el Estado mexicano abrió en 2015, cuando el intento de detenerlo derivó en uno de los desafíos más graves contra la autoridad federal: el derribo de un helicóptero militar en Jalisco. Aquella jornada no fue un hecho espectacular más; fue una declaración de capacidad. Mostró que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaba dispuesto a escalar el nivel de confrontación y a disputar, abiertamente, el monopolio legítimo de la fuerza.

Una década después, en el plano federal puede cerrarse este capítulo. Y aquí está la diferencia relevante: no hubo retroceso ante la violencia reactiva. No hubo liberación bajo presión. No hubo negociación pública condicionada por bloqueos o incendios. Por eso este momento no tiene comparación con el llamado Culiacanazo. En 2019, la violencia alteró el desenlace operativo y dejó una narrativa de vulnerabilidad institucional. Hoy, la reacción criminal no modificó el resultado. En seguridad pública, que la violencia no se convierta en herramienta de veto es una línea fundamental.

Pero reducir el análisis a la figura del capo sería repetir el error estructural de siempre: personalizar el fenómeno criminal. El CJNG no fue solamente un liderazgo; fue una arquitectura. Y la capa más determinante de esa arquitectura no es únicamente la internacional, sino la local: la municipal.

Ahí está el verdadero punto diferenciador.

El CJNG no solo movía droga hacia mercados externos. Aprendió a gobernar fragmentos del territorio. En distintos municipios operó como poder paralelo: reguló economías informales, impuso reglas, cobró extorsión sistemática, intervino dinámicas comerciales, presionó a autoridades locales y normalizó su presencia en la vida cotidiana. Cuando un grupo criminal alcanza ese nivel de penetración, deja de ser únicamente un problema de tráfico internacional y se convierte en un problema de gobernabilidad municipal.

El municipio en México es el eslabón más frágil y, al mismo tiempo, el más decisivo. Es donde se define si el Estado es presencia efectiva o simple discurso. Es donde policías con recursos limitados enfrentan organizaciones con liquidez constante. Es donde la captura de mercados locales —desde el transporte hasta el comercio minorista— consolida el poder criminal más allá de las rutas.

Por eso, tras la caída del liderazgo, la pregunta central no es quién lo sustituye. La pregunta es qué ocurre con la red municipal que permitió su expansión.

Un mando puede caer.Un modelo territorial puede permanecer.

Lo inmediato ya es previsible: bloqueos, incendios, intentos de demostrar fuerza. Eso es propaganda del terror. Son acciones diseñadas para influir en la percepción pública, no necesariamente para expandir el territorio. El indicador real no será el número de vehículos incendiados, sino si las estructuras locales se fragmentan o se reacomodan sin perder capacidad de coerción.

Si el capítulo federal puede cerrarse con un golpe simbólico y operativo, el verdadero desafío comienza en el ámbito municipal. Ahí se decidirá si este episodio representa debilitamiento estructural o simple transición.

Recuperar el nivel municipal implica mucho más que presencia reactiva. Supone blindaje institucional sostenido: policías fortalecidas, controles patrimoniales eficaces, persecución sistemática de la extorsión, intervención financiera sobre economías capturadas y reconstrucción de legitimidad comunitaria.

Sin esa dimensión, cualquier caída de liderazgo será apenas un cambio de nombre.

No cayó solo un hombre.Puede cerrarse un capítulo federal.Pero la historia de fondo se escribirá en los municipios.

Y ahí es donde México realmente puede ganar —o repetir el mismo ciclo con otro rostro al frente—.

Nota final

En medio del análisis técnico y estratégico, hay un componente humano que no puede ignorarse. Las condolencias a las familias de los 25 integrantes de la Guardia Nacional fallecidos nos recuerdan el costo real de estas confrontaciones. Conmueve ver a un general, calificado durante años como duro, con la voz quebrándose al hablar de sus caídos. Esa imagen trasciende cualquier debate político o editorial: detrás de cada operativo hay vidas, hay familias y hay un país que aún paga un precio alto por enfrentar estructuras criminales complejas.

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@SophiaHuett

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


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