Sandra Romandía

La justicia que casi no se discute

Los asuntos civiles y familiares representan alrededor del 70% de los casos que llegan a los juzgados en México.

Por Sandra Romandía

Hay reformas que llegan con estruendo político… y otras que avanzan en silencio, como si no quisieran incomodar a nadie. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pertenece a la segunda categoría. Y, sin embargo, toca la médula de la vida cotidiana en México: divorcios, pensiones, custodias, herencias. Es decir, la justicia que no se discute en conferencias mañaneras, pero que define la vida de millones.

Hoy es el segundo día del foro nacional “Avances y coyunturas: ¿Estamos listos para su implementación?”, realizado en Oaxaca. Un espacio que, más allá del título, pone sobre la mesa una pregunta que debería incomodar mucho más de lo que lo hace.

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Vale la pena detenernos en lo esencial: de qué estamos hablando cuando hablamos de este nuevo Código. El modelo que plantea no es menor: introduce juicios orales, digitalización de procesos, perspectiva de género, mecanismos alternativos de solución de controversias y una lógica de justicia más ágil, cercana y homologada a nivel nacional. Todo ello con una fecha límite: abril de 2027. El calendario está puesto, la pregunta es si la realidad lo está.

No se trata de una reforma periférica. Se trata del corazón de la justicia cotidiana. Los asuntos civiles y familiares representan alrededor del 70% de los casos que llegan a los juzgados en México. Por eso, discutir su implementación no es un lujo técnico ni una conversación para especialistas: es discutir cómo responde el Estado cuando una mujer reclama pensión alimenticia, cuando una familia pelea una custodia, cuando se tramita una herencia o cuando una convivencia con hijos se vuelve rehén del rezago judicial. Casos que reporteamos los periodistas en el día a día.

Ayer, en el panel “Implementación del CNPCyF hacia una participación corresponsable de los poderes públicos”, que tuve oportunidad de moderar, la conversación dejó algo claro: el problema no es el diagnóstico, el problema es la ejecución.

Se habló de infraestructura, de capacitación, de presupuesto. Pero, sobre todo, de algo más difícil de nombrar: la inercia, esa resistencia silenciosa que no aparece en los discursos, pero que en la práctica decide si una reforma vive o muere. Porque la oralidad no es solo cambiar el formato del juicio; es desmontar una cultura jurídica construida durante décadas alrededor del expediente escrito, del trámite, del diferimiento casi como reflejo automático.

Y ahí apareció una idea incómoda: la tentación de simular. No crear atajos para saltar la oralidad. No diseñar nuevos mecanismos para seguir haciendo lento lo que en el papel prometía ser ágil. No convertir la reforma en una escenografía moderna con prácticas viejas. Dicho así, suena obvio, pero en la realidad, no lo es.

Uno de los momentos más reveladores vino de la mano del licenciado Erik Grifaldo, quien narró un caso que parece anecdótico, pero no lo es. En una audiencia por violación, las pruebas venían en una USB. Al abrirla, no había archivos: era simplemente un dispositivo para conectar un mouse. Nada más. Nada de evidencia. Nada de control. Después, les dio a cada uno una USB y les pidió identificar cuál era la correcta. Dos eligieron mal.

El ejercicio, casi teatral, expuso una fragilidad que rara vez se discute con seriedad: la digitalización sin protocolos claros, sin capacitación suficiente y sin controles técnicos puede convertirse en un nuevo riesgo para la justicia. No es solo migrar del papel a lo digital; es entender lo digital.

Porque si el expediente físico podía extraviarse, el digital puede ser manipulado, mal integrado o simplemente inexistente… sin que nadie lo detecte a tiempo.

Y entonces la pregunta ya no es tecnológica, sino estructural: ¿estamos construyendo un sistema más confiable o simplemente más sofisticado en sus errores?

También se habló de ética. No como concepto abstracto, sino como práctica cotidiana. La ética de no diferir audiencias innecesariamente. La ética de no litigar para alargar procesos. La ética de no usar la complejidad técnica como excusa para la ineficiencia.

Porque en materia civil y familiar, cada retraso tiene rostro, no es una cifra. Es una pensión que no llega, una convivencia que no ocurre, una resolución que llega tarde a una vida que no se detiene. Ese es el punto de fondo: esta reforma no trata de tribunales, trata de personas.

Y, sin embargo, sigue siendo una conversación marginal en la agenda pública. Se discute poco, se explica menos. Quizá porque no genera titulares espectaculares, o quizá porque obliga a mirar de frente la justicia que sí duele: la cotidiana, la que no admite postergaciones.

Ayer también quedó claro que el dinero es condición necesaria, pero no suficiente. Se puede tener presupuesto… y aun así fracasar si no se rompe la inercia cultural. Se puede tener tecnología… y fallar en los detalles más básicos. Se puede tener diseño normativo… y perder en la operación diaria.

En otras palabras: la corresponsabilidad de los poderes —ese concepto elegante que da título al panel— no es un acuerdo político, es una prueba de coordinación real. Y, como toda prueba, no se aprueba con discursos.

Que esta conversación esté ocurriendo en un foro como el de Oaxaca —impulsado desde el propio Tribunal Superior de Justicia del estado, encabezado por su presidenta, la magistrada Erika Rodríguez, junto con el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza— no es menor: abre una discusión que, con frecuencia, se queda atrapada en documentos técnicos o en diagnósticos que no salen de los escritorios. Ponerla en voz alta, frente a quienes operan y diseñan el sistema, es un primer paso. No suficiente, pero sí necesario.

Hoy, en este segundo día del foro, la conversación continúa. Y debería hacerlo también fuera de estos espacios. Porque si no hablamos de esto, si no lo ponemos en el centro, corremos el riesgo de repetir una historia conocida: reformas que prometen transformar el sistema… y terminan adaptándose a sus vicios.

El futuro de la justicia en México no solo se juega en grandes debates constitucionales. Se juega, también, en una audiencia que empieza a tiempo… o no. En una prueba que sí existe… o no. En una decisión que llega cuando todavía importa.

Quizá por eso, más que celebrar un nuevo código, habría que vigilarlo y empezar a hablar más del tema.