Respira
Por Sophia Huett
“Son unos corruptos”“No sirven”“Están coludidos”
“Hay que limpiar a la policía de una vez por todas”
Las frases se repiten cada vez que estalla un escándalo. Es políticamente rentable señalar al uniforme. Es sencillo. Visible. Mediático.
Pero casi nunca se pregunta quién firma el nombramiento del jefe de policía.Quién decide el presupuesto.Quién define prioridades.Quién ordena, a veces en voz baja, mirar hacia otro lado.
En una reunión de gabinete municipal, el director de Seguridad informó que había detectado movimientos sospechosos en una zona controlada por un grupo criminal. Propuso intervenir. El alcalde lo escuchó en silencio y, frente a todos, soltó una frase que congeló la sala: “Ahí no se metan. Váyanse por otro lado. No necesitamos problemas”.
Ese momento —que no queda grabado en actas— es el verdadero punto de quiebre. Porque la corrupción no siempre empieza con un policía pidiendo dinero en la calle. A menudo comienza con una instrucción política.
En otro municipio, un regidor quiso “presentarle unos amigos” al jefe policial. Decían que querían invertir. Preguntaban demasiado. Tiempo después se confirmó lo que ya era evidente: eran integrantes de un grupo delictivo que buscaba protección institucional.
Cuando en la Operación Enjambre fueron detenidos alcaldes y funcionarios municipales por presuntos vínculos con estructuras criminales, el debate volvió a centrarse en las corporaciones policiales. Pero la señal era otra: el problema no siempre nace en la patrulla, sino en la oficina principal del ayuntamiento.
El artículo 115 constitucional establece que la seguridad pública es responsabilidad del municipio. El alcalde o alcaldesa no es un espectador: es la autoridad política que dirige la estrategia local. Y el artículo 21 señala que la función de seguridad debe ejercerse con legalidad y honradez. Cuando desde la presidencia municipal se negocia protección, se inhibe una investigación o se ordena no intervenir en determinada zona, se vulnera el pacto constitucional.
A nivel internacional, la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ha documentado que las redes de corrupción en seguridad suelen estar encabezadas por actores políticos que utilizan su poder para capturar instituciones. La cadena de mando importa. Y mucho.
Lo municipal es el punto de partida, pero no el único nivel. Cuando los controles partidistas fallan, cuando los congresos locales no fiscalizan, cuando las instancias estatales o federales toleran pactos por cálculo político, el mensaje desciende en cascada: hay territorios donde la ley se negocia.
Entonces, cada vez que escuchamos “hay que limpiar a las policías”, convendría añadir una pregunta incómoda: ¿quién las ensució primero?
Un policía puede ser separado del cargo. Un mando puede ser removido. Pero si la instrucción política es proteger intereses ilegales, la corporación entera queda atrapada entre obedecer al superior jerárquico o cumplir la ley.
Mientras no asumamos que la corrupción puede fluir de arriba hacia abajo —desde el alcalde que ordena “no vean”, desde el cabildo que calla, desde el partido que encubre— seguiremos atacando el síntoma y no la raíz.
Limpiar a la policía es necesario.Pero primero hay que limpiar la política.
Porque es la política la que decide. La que nombra. La que legisla.Y, en demasiados casos, la que también ordena no mirar.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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