Respira
Por Susana Camacho*
Aunque nos ofrecieron que la elección por voto popular de juezas y jueces de todo el país iba a mejorar la justicia lo que hemos presenciado, desde la aprobación de la reforma constitucional hasta el momento, en un proceso marcado por la improvisación, la desorganización y, sobre todo, la inequidad. Dos factores principales han marcado esta situación: la falta de tiempo y la escasez de recursos.
En menos de ocho meses se ha tenido que preparar a marchas forzadas una elección nacional que normalmente tomaría al menos un año. El resultado es una elección mal diseñada desde el origen: menos casillas, menos personal, menos capacitación, y una ciudadanía enfrentada a boletas confusas y procedimientos complicados.
Inequitativo para personas candidatas
Desde el Observatorio Electoral Judicial, se analizaron las condiciones de competitividad electoral de 3,202 candidaturas a juzgados de distrito y magistraturas de circuito. El hallazgo más notable es la inequidad. Mientras que 304 personas candidatas tienen entre 0 y 2% de probabilidades de ganar, 133 tienen una estimación del 100% de asegurar su puesto. Esto no por mérito ni por campaña, sino por el diseño defectuoso de las boletas y la distribución arbitraria de vacantes por distrito, sexo y especialidad jurídica.
Entre los diversos escenarios que se calcularon de manera matemática se advierte, por ejemplo, que sólo hay una persona candidata para un cargo judicial, es decir, no tiene competidores. Y en el extremo opuesto hay casos que tienen hasta diez candidatos disputando un solo cargo. O por ejemplo, mientras que en promedio para la especialidad administrativa hay un promedio de 4.8 personas candidatas, en materia civil y de trabajo hay sólo 2.8.
Imposible para votantes informados
Las boletas son abrumadoras. Un votante enfrentará entre 152 y 221 nombres distintos, y deberá elegir entre 23 y 37 cargos judiciales federales. Para votar de forma informada, se requerirían entre 15 y 18 horas solo para revisar perfiles, sin contar las elecciones locales. Y en las boletas hay una recarga de información para la ciudadanía. Se diseñaron boletas de colores por cada tipo de cargo federal, en cada boleta hay columnas diferenciadas para mujeres y para hombres, colores para distinguir entre 13 especialidades, números para cada candidato, número de cargos que se disputan en el distrito, letras que identifican si son propuesta del Ejecutivo, Legislativo o Judicial (aunque recordemos que estos último en realidad fueron designados por tómbolas en el Senado). En fin, será todo un reto para quienes salgan a votar.
Complicado para autoridades electorales
Las reglas para contar y validar los votos son tan enredadas que podrían terminar invalidando sufragios válidos. Los resultados no los podremos conocer sino pasadas varios días, tal vez semanas. No habrá representantes de candidatos en el conteo, como en elecciones políticas tradicionales, lo que agrava la falta de transparencia. No habrá cancelación de boletas por funcionarios de casilla ciudadanos, y un largo etcétera que advertimos no garantizará la calidad de las elecciones en los parámetros que estamos acostumbrados en México.
Tanto desde el punto de vista de los votantes, como de las personas candidatas se advierte que las autoridades electorales tendrán que enfrentar impugnaciones al no haberse conducido este proceso electoral bajo el principio de equidad que implica igualdad en las condiciones de las personas que contienden y el ejercicio de un voto libre e informado.
Conclusión
En conclusión el Observatorio Electoral Judicial advierte que este proceso pone en duda la equidad, la legitimidad y la credibilidad de las instituciones electorales y judiciales. Llama a realizar reformas urgentes antes del proceso 2026–2027, corregir errores legislativos y diseñar boletas comprensibles y justas. Porque sin igualdad de condiciones para competir, sin claridad para votar y sin confianza en los resultados, no puede haber una verdadera elección democrática. Y lo más grave, una impartición de justicia sin legitimidad.
*Integrante del OEJ. Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Comments ()