Respira
Por Yessica de Lamadrid
Aviso de honestidad intelectual: este texto no analiza un dictamen inexistente. El contenido final de la reforma política no se conoce. Lo que aquí se examina son señales públicas, líneas adelantadas, versiones en circulación y —sobre todo— el método político que se está utilizando para construirla. En ese terreno, la especulación no es un defecto: es parte de la estrategia.
La narrativa no es una opinión. La narrativa es el marco mental que define quién es víctima, quién es villano, quién tiene derecho a decidir y quién debe callar. Quien controla la narrativa no solo gana el debate: administra la legitimidad. Y cuando el poder administra la legitimidad, la democracia deja de ser un sistema de contrapesos y se convierte en una escenografía funcional.
Por eso la reforma política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no debe leerse como un trámite administrativo, como un ajuste técnico del sistema electoral ni como una simple promesa de ahorro. Debe leerse como lo que es: un acto de poder en tiempo real, desplegado incluso antes de que exista un texto definitivo.
La pregunta no es si el sistema electoral mexicano necesita cambios. Claro que los necesita. La pregunta incómoda es otra: ¿estos cambios fortalecerán la representación democrática o harán más cómodo el ejercicio del poder? Porque una cosa es reformar el sistema y otra muy distinta es rediseñarlo para que estorbe menos.
La especulación como método de gobierno
Aquí aparece un elemento central que suele pasarse por alto: gobernar desde la especulación también es una forma de gobernar.
Anunciar líneas generales, dejar flotar versiones, permitir que el debate público ocurra sin un texto cerrado no es necesariamente improvisación. Es una forma contemporánea de estrategia política. El poder no solo propone reglas: observa cómo reaccionan quienes deberán vivir con ellas.
Al no existir un documento definitivo, todas las partes del sistema se ven obligadas a moverse. Las minorías políticas, los partidos sin mayoría, los órganos electorales y la sociedad civil entran en un ejercicio forzado de lectura fina: identificar en qué puntos los cambios pueden debilitarlas, dónde pierden representación y qué líneas no están dispuestas a cruzar. La especulación funciona como un escáner político: revela zonas de conflicto antes de que el conflicto estalle formalmente.
Este método tiene un efecto doble. Por un lado, expone los puntos más sensibles de la reforma, aquellos donde la pluralidad puede verse afectada. Por otro, obliga a las minorías a reunirse, coordinarse y generar acuerdos defensivos incluso antes de conocer el texto del dictamen que, previsiblemente, será impulsado por la mayoría. No es una concesión del poder: es una reacción inducida por el diseño del proceso.
El riesgo aparece cuando esta forma de conducción política deja de ser un mecanismo indirecto de escucha y se convierte en una forma de desgaste. Porque cuando la ambigüedad se prolonga sin garantías claras, el debate se transforma en ansiedad, la negociación se vuelve reactiva y el poder conserva la iniciativa sin asumir todavía el costo de definir. Gobernar indefinidamente desde la indefinición también es una forma de control.
Democracia, pluralidad y la tentación de la eficiencia
La democracia no se reduce a que la mayoría gane. Se sostiene en algo más frágil y más incómodo: la capacidad de las minorías para existir, influir, vigilar e incomodar. Cuando una reforma reduce esos espacios bajo el discurso de la eficiencia, deja de ser técnica y se vuelve estructuralmente riesgosa.
Eliminar o debilitar mecanismos de representación proporcional no es simplemente “hacer más justo” el sistema. Más simple no siempre significa más democrático. Estos mecanismos han funcionado —con defectos evidentes— como correcciones a la lógica mayoritaria. Quitarlos o vaciarlos puede producir Congresos más ágiles, sí, pero también más homogéneos, más disciplinados y menos representativos.
La disyuntiva real no es eficiencia contra democracia. El problema surge cuando la eficiencia se utiliza como coartada para reducir pluralidad.
El ahorro como argumento moral
Reducir el gasto público es una bandera legítima en un país cansado del dispendio. Precisamente por eso es un argumento tan poderoso: quien se opone parece defender privilegios. Pero la pregunta adulta no es cuánto se ahorra, sino qué se pierde en el camino.
Si el ahorro viene acompañado de menos competencia política, menos vigilancia institucional y reglas que favorecen estructuralmente a la mayoría gobernante, el costo deja de ser presupuestal y se vuelve democrático. Una democracia “barata” suele pagarse después con conflictos postelectorales, judicialización de la política y desconfianza ciudadana.
¿A quién beneficia una reforma así?
No es una pregunta ideológica; es una pregunta matemática. Cualquier reforma que reduzca contrapesos y representación proporcional beneficia al bloque dominante, independientemente de su color político. Hoy es uno: Morena. Mañana puede ser otro. Por eso las reglas democráticas deben diseñarse pensando en el día en que el poder ya no se tenga. Esa es la prueba ética de una reforma genuina.
El problema no es solo lo que la reforma diga cuando exista, sino cómo se percibe mientras se construye. En democracia, la legalidad no basta: importa el consentimiento. Si amplios sectores sociales sienten que las reglas se están ajustando para que el poder tenga menos fricción, la legitimidad del sistema se erosiona incluso antes de aprobarse.
El vacío opositor y el verdadero riesgo
La oposición señala alertas legítimas, pero no logra liderar el debate técnico. Reacciona más de lo que propone. Ese vacío deja al poder solo en el tablero, marcando tiempos y moviendo piezas mientras el resto discute intenciones. El resultado es un debate empobrecido, polarizado y superficial.
Pero el riesgo mayor no está en la oposición ni en un artículo específico de la reforma. Está en la idea que empieza a normalizarse: que la pluralidad estorba, que los contrapesos ralentizan, que negociar es ineficiente. Cada vez que esa lógica se ha impuesto en la historia, el resultado no ha sido gobernabilidad, sino concentración de poder.
México necesita actualizar su sistema político, sí. Pero reformar no es arrasar. Una reforma responsable exige reglas claras, transición gradual y protección explícita de las minorías. Las buenas reformas no solo sirven al gobierno en turno; sirven también a quienes gobernarán después… incluso a quienes perderán.
Las reglas electorales son el pacto básico de convivencia política. Si ese pacto se modifica sin consenso amplio, el conflicto no se queda en el Congreso: aparece en la calle, en los tribunales y en la desconfianza ciudadana.
Gobernar desde la especulación puede ser una estrategia; convertirla en forma permanente de conducción es otra cosa. Cuando el poder administra la ambigüedad, prueba límites, mide resistencias y dosifica definiciones, no improvisa: le enseña al sistema cuánto puede tolerar. Ahí es donde la democracia deja de ser un sistema compartido y empieza a parecerse peligrosamente a una administración del silencio.
La pregunta que queda no es qué dirá el texto final de la reforma, sino qué tipo de democracia quedará cuando por fin se escriba.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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