Respira
Por Yohali Reséndiz
Mónica Peyro es una mamá de Durango que ha luchado por más de 5 años contra el Estado para que sus hijas accedan a la protección y justicia que merecen y necesitan, y para que se persigan, procesen y castiguen los delitos de violencia sexual infantil de los que son víctimas.
Esta lucha ha sido tortuosa porque el Estado, lejos de proteger a las víctimas, protegió al agresor y persiguió a Mónica, generando una violencia institucional sin precedentes contra ella y su familia.
Violencia que han tenido que encarar, combatir y sortear para que sus hijas, las víctimas, no convivan con su agresor, quien es su progenitor.
Actualmente, a partir de este año, asesoran y representan a Mónica y a sus hijas un equipo de abogados que, a través de un litigio estratégico, han combatido, frenado y minimizado esta violencia estructural, logrando dar un vuelco a sus procesos y buscando la máxima protección integral de las hijas de Mónica. Ellos son: el abogado civilista Said Maldonado; el abogado penalista Arturo Mendoza, ex servidor público del estado de Durango; el Dr. Edgar Arellano, quien por muchos años fue autoridad federal e integrante de alto nivel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en la coordinación, el Licenciado Fernando Murillo, ex funcionario público que también por muchos años ocupó cargos importantes en la defensa y protección integral de la infancia y en la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Gracias al equipo conformado, se logró que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la persona del entonces ministro Arturo Zaldívar. Tras su salida, quien elaboró el proyecto de sentencia fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, votado por unanimidad el pasado 25 de junio. En esta sentencia la Corte emitió un fallo protector a favor de las víctimas. Y desde el pasado viernes 22 de agosto, en Durango, se sostuvo la audiencia para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte.
En la audiencia, el juez Romero Maldonado acató a cabalidad la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejó insubsistente el no ejercicio de la acción penal emitido por el Ministerio Público y ratificado por el juez Triana Nájera. Además, enlistó las fallas, omisiones, violaciones al debido proceso y el daño hecho por el Ministerio Público a cargo, dándole instrucciones claras y precisas para subsanar y permitir que las víctimas accedan a la justicia. Concluyó manifestando que, a su juicio y criterio, sí existió ese acto con apariencia de delito, pues en la carpeta obran datos de prueba suficientes con igualdad de credibilidad. Por lo que sigue ejercer la acción penal en contra del agresor.
En definitiva, el pasado viernes 22 de agosto se puso fin al tráfico de influencias del agresor, a la violencia institucional del sistema que protegía al delincuente y se revirtió el proceso a favor de las víctimas.
Tras 5 años desgastantes, las víctimas accedieron a la justicia y, para Mónica Peyro, este es el inicio del final de esta dolorosa lucha gracias al fallo protector de la Corte.
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