Por Yohali Reséndiz
Tantos acontecimientos que hemos presenciado en la política nacional, algunos de los cuales caben en la clasificación de escándalos, (aquí puede usted pensar en Marx Arriaga, los encontronazos entre algunas de las figuras más visibles de la 4T, declaraciones de López Gatell, etc; ), ya ha quedado muy diluída en la conversación pública la salida de Adán Augusto López de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado.
No hay que arriesgarse al olvido; siempre hay que apostar a la memoria.
Y aquella salida no puede leerse como un acto de responsabilidad política.
Para una amplia franja de analistas y observadores del poder, es más bien un reacomodo interno, una decisión calculada para administrar costos dentro de Morena, sin tocar el núcleo del problema: la rendición de cuentas y la transparencia.
Para la ciencia política, está claro. Cuando un actor deja un cargo sin que medie investigación, sanción o explicación pública, no hay responsabilida, se llama: control de daños. Eso es lo que hoy señalan especialistas en gobernabilidad y seguridad: el problema no es el puesto que abandona, sino lo que ocurrió bajo su mando y que hasta hoy permanece sin esclarecer.
Durante su gestión como gobernador de Tabasco, el aparato de seguridad estatal operó bajo una sombra que ha resultado imposible de ignorar. Su entonces secretario de Seguridad Pública fue señalado en investigaciones periodísticas y líneas de indagatoria por presuntos vínculos con una organización criminal dedicada a extorsión, narcotráfico y robo de combustible y hay más.
Analistas en temas de seguridad coinciden en que no se trata de un señalamiento menor: hablamos de la posible captura institucional de áreas clave del Estado.
La pregunta central, reiterada por expertos en responsabilidad política, sigue intacta:
¿Cómo pudo operar una red criminal dentro del gobierno sin consecuencias para quien encabezaba el Ejecutivo estatal?
En la peor de las democracias funcionales, esa sola pregunta activa mecanismos de control. Aquí, no ocurrió.
Y se quiera o no, este caso encaja en un patrón recurrente: el uso del fuero, silencio institucional y el cambio de posición como sustitutos de la investigación. No han habido comparecencias, ni auditorías públicas exhaustivas, ni procesos que aclaren si hubo omisión, encubrimiento o negligencia grave. Ha habido una pausa. Silencio.
Y luego hay algo más delicado: el crecimiento patrimonial y las inconsistencias detectadas en el entorno político del exgobernador.
Ahí están los reportes que documentan adjudicaciones millonarias, empresas vinculadas a su círculo cercano y redes de negocio que sobrevivieron al cambio de cargo.
Así que mover la pieza en el tablero no aclara el origen del dinero ni ha limpiado las dudas en torno a Adán Augusto.
El mensaje político que deja esta salida es inquietante ya que es que la estabilidad interna del partido pesa más que la exigencia ciudadana.
Presentar su renuncia como cierre es simulación y sin investigación no hay confianza en él; si lo analizamos fríamente Adán Augusto está frágil, aunque cambie el escritorio por el territorio.
La ciudadanía merece explicaciones y esas, hasta ahora, siguen ausentes.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.

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