Respira
Por Yohali Reséndiz
Trabaja, cotiza, cumple y espera…y aún así, nunca tendrás una pensión dorada como las de Morelos.
Nunca vas a cobrar 50 mil pesos al mes. Ni 70 mil y mucho menos más de 80 mil como pensión.
Puedes cumplir treinta o cuarenta años de servicio, puedes llegar puntual todos los días, puedes jubilarte sin escándalos ni padrinos. Y el sistema te dirá lo mismo de siempre: no alcanza.
Pero en Morelos, hay nombres concretos que sí alcanzaron. Y no por mérito laboral, sino por privilegio político, por expedientes acomodados, por pensiones derogadas que se siguen pagando como si la ley fuera un adorno.
Y aquí no estamos hablando de errores administrativos sino de un mensaje brutal: hay ciudadanos de primera y de segunda, porque unos valen más que otros al momento de pensionarse.
Porque mientras tú jamás verás una pensión de 54 mil, 75 mil, 82 mil u 88 mil pesos mensuales, hay personas que las cobran desde 2017 y 2018, aun cuando sus pensiones fueron formalmente derogadas. En papel canceladas y mes a mes intocables.
Aquí están los datos, con nombre y apellido: Martha Patricia Bandera Flores recibe 54 mil 579 pesos desde abril de 2018, con pensión derogada.
José Ignacio Garay Laguna cobra 30 mil 968 pesos desde junio de 2018, también derogada.
Miguelina García Bustos, 20 mil 595 pesos desde junio de 2018. Stephanie Guzón Andre, 39 mil 558 pesos desde junio de 2018. Humberto Leónides Segura, 35 mil 132 pesos desde junio de 2018. Salvador Alejandro Linares Vieyra, 25 mil 516 pesos desde julio de 2018. René Maya Manzanares, 21 mil 617 pesos desde junio de 2018. Elsa Luz María Moreno González, 34 mil 638 pesos desde junio de 2018. Todas, derogadas.
Josefina Pallares Zardino, 48 mil 860 pesos desde abril de 2017. Jair Mendoza Beltrán, 33 mil 689 pesos. José Miguel Murillo Pardo, 18 mil 635 pesos. Jorge Michel Luna, 88 mil 582 pesos. Francisco Velázquez Adán, 59 mil 196 pesos. Beatriz Ramírez Velázquez, 75 mil 476 pesos. Ceferino Fernando Pacheco Godínez, 58 mil 704 pesos. Bertha Rodríguez Báez, 68 mil 949 pesos. Eduardo Galaz Chacón, 55 mil 913 pesos y Víctor Aureliano Mercado Salgado, 82 mil 131 pesos.
Pensiones derogadas, otorgadas entre 2017 y 2018, pagadas hoy en 2026.
Eso debería indignar a cualquiera que viva de su trabajo.
El gobierno estatal sabe que existen estas pensiones. Sabe cuánto se paga y desde cuándo. Sabe que varias no deberían pagarse. Y aun así, se les sigue pagando
mientras que la Fiscalía Anticorrupción calla.
¿Y tú, sigues trabajando para pensionarte?
Esa es la verdadera fractura social: no todos llegamos al retiro por la misma puerta. Algunos entran por la ley burlada, otros por la ley escrita y muchos más por la puerta trasera del poder. Algunos hacen fila y otros pasan directo. Algunos cobran lo justo y otros cobran el exceso.
¿Es esto un Estado de derecho o un club privado de amigos?
Porque si el discurso oficial es honesto, tendría que decirlo claro: en Morelos hay pensionados de primera, con montos blindados y silencios cómplices y pensionados de segunda, que no viven sino sobreviven y pensionados de tercera, que nunca alcanzarán nada por los años trabajados.
Y sí, no solo lo más violento es el monto sino la certeza de que aunque hagas todo bien, no te va a tocar nada.
¿Quién lo autorizó, encubrió y por qué sigue ocurriendo en Morelos frente a todos y todas?
Y no es envidia.
Se trata de dignidad.
La corrupción a veces se deposita cada mes.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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