Respira
Por Yohali Reséndiz
El 4 de marzo de 2026, a las 11:00 horas, en una sala de oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se celebrará una audiencia inicial sin detenido dentro de una carpeta de investigación que viene de 2022 desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunta agresión sexual.
El señalado es Pedro Rodríguez Chandoqui, Magistrado Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien además ha sido docente en universidades como la Iberoamericana.
Lo he escrito muchas veces: en los delitos sexuales, el contexto importa, pero en ciertos agresores, la asimetría de poder también.
La denunciante, víctima de identidad reservada, ha sostenido ante la autoridad que el presunto agresor abusó de la confianza y de la cercanía que existía entre ambos para cometer la agresión sexual. Su relato describe un momento de parálisis, de negación expresa, de querer irse, de no entender cómo alguien a quien admiraba cruzó ese límite. Y claro, habrá quien la juzgue, pero cuando se tiene la capacidad de ponerse dentro de las zapatillas de una mujer agredida, sus hechos adquieren sentido.
Esas palabras ya quedaron asentadas en una carpeta de investigación, pero al igual que decenas, lo que ella ha denunciado por años no avanzó.
Parte de ese expediente ha llegado a mis manos, lo he leído y comprendido, analizado, y al igual que la defensa de la víctima, coincido en que esta denuncia no llega a una audiencia por inercia o voluntad institucional, sino como resultado de la fuerza de la víctima que ha insistido en su verdad y cree en la justicia, y porque además promovió un amparo para reactivar una investigación que había sido prácticamente desechada, como cientos en este país.
Una vez más dejaré asentado que el sistema ha mostrado el mismo rostro conocido a la víctima: el de la dilación y la desconfianza hacia quien denuncia.
Para quienes conocen de derecho, saben que la figura de la audiencia inicial sin detenido es legal y está prevista en la norma. Pero cuando la persona investigada ostenta un cargo público relevante, lo que plasma la ley es a conveniencia y a solicitud.
No hay garantía real de no revictimización, y subrayo que existe una desigualdad tremenda de poder entre las partes, y es por eso que es necesario estar atenta a lo que ocurra.
Por supuesto, la actuación de la autoridad será determinante, no porque se trate de un caso de presunta violencia sexual, sino porque otra vez se pone a prueba la capacidad del sistema de justicia para investigar sin mano tibia a quienes forman parte de las élites jurídicas y académicas de este país.
Y no, esta columna no representa un juicio mediático ni una condena anticipada. Sólo una exigencia básica de justicia, que es que la denuncia realizada desde 2022 sea escuchada en condiciones de equidad y que la voz de la víctima no sea minimizada porque el cargo del señalado puede ser escudo.
Seguramente es muy incómodo ser expuesto como presunto agresor sexual, pero ya saben lo que opino: arropar periodísticamente a las víctimas sexuales de este país siempre será mi prioridad.
Este es el segundo caso que tengo en mis manos en el que se señala a un poderoso magistrado, y ambos, de acuerdo con los hechos que obran en sus respectivas carpetas de investigación, son una vergüenza para el cargo que representan. Ah, y daré puntual seguimiento al tema.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Comments ()