Respira
Por Yohali Reséndiz
Durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, una de las dependencias que más transpiraba corrupción era la Secretaría de Movilidad y Transporte. No hacía falta ser especialista para entenderlo y sólo tuve que investigar lo que ocurría adentro.
Las filas comenzaban desde la madrugada. Ciudadanos formados durante horas para intentar obtener una licencia de conducir, hacer un refrendo o resolver algún trámite vehicular. Muchos perdían un día completo de trabajo sin siquiera lograr ser atendidos.
La burocracia diseñada para desesperar y ahí aparecía el negocio.
Gestores, intermediarios y coyotes se movían entre las filas ofreciendo una solución rápida: pagar para agilizar el trámite. Para muchos ciudadanos era más fácil entregar dinero que perder el ingreso de todo un día.
Durante esos años, los ciudadanos pagaban derechos que rondaban entre 550 y 900 pesos por una licencia de conducir, dependiendo de la vigencia, mientras que el refrendo vehicular para automóviles rondaba los 800 pesos. Ese pago incluía la tarjeta de circulación física, un documento que el gobierno estaba obligado a entregar, el problema nunca fue el precio oficial y el sistema.
La burocracia generaba largas filas y esa misma lentitud empujaba a los ciudadanos a ofrecer un soborno para resolver en minutos lo que el gobierno hacía imposible durante horas. Así operó por décadas la Secretaría de Movilidad y Transportes.
Con el cambio de este gobierno y la llegada de Margarita González Saravia, durante el primer año prácticamente nada cambió. Las filas seguían y los retrasos formaban parte del trámite cotidiano.
Fue cuando comenzaron a aparecer trabajos periodísticos de investigación que empezaron a señalar a diversos funcionarios que habían convertido la dependencia en una caja recaudadora paralela, sus nombres: Andrés Bahena y Josué Fernández Fernández.
Las denuncias crecieron, los señalamientos se acumularon y finalmente varios funcionarios fueron destituidos en voz de la gobernadora. Este año el sistema cambió.
Ahora los ciudadanos pueden tramitar su licencia en línea y realizar el refrendo vehicular también en línea. En teoría, esto evita el contacto con funcionarios y reduce la posibilidad de pagar mordidas a cambio de agilizar un trámite.
Pero aquí comienza la parte interesante de la que es necesario escribir y poner en la mesa: porque cuando desaparece la corrupción de ventanilla, no desaparece la corrupción.
Vaya, sólo cambió de forma.
Antes el ciudadano pagaba su refrendo y recibía una tarjeta física de circulación. Hoy muchos ciudadanos pagan exactamente el mismo derecho… pero el gobierno solo les entrega una tarjeta digital y acá mi pregunta:
Si antes se imprimían miles de licencias y cientos de miles de tarjetas de circulación para los automovilistas del estado, ¿dónde están los millones de pesos que se destinaban a mandar a imprimir esos documentos?
Porque el presupuesto de la Coordinación General de Movilidad y Transportes no disminuyó y si ya no se imprimen esos documentos físicos, entonces:
¿Dónde están esas decenas de millones de pesos que antes se utilizaban para producirlos?
Las viejas mordidas de ventanilla pueden haber desaparecido, ok. Pero ahora aparecen otros cobros.
Por ejemplo, en trámites como el cambio de propietario, se cobran entre 200 y 300 pesos por una póliza cuando el vehículo proviene de otro estado, pero en muchos casos ese trámite termina costando mucho más.
A esos 300 pesos de la póliza se suman otros 500 pesos que -según dicen dentro de la dependencia- son para “la mesa” o para que el revisor de documentos agilice el trámite.
En pocas palabras, lo que parecía un cobro de 300 pesos termina convirtiéndose en un pago de 800 pesos.
También ocurre con las placas.
Si un ciudadano quiere una placa con una nomenclatura especial —por ejemplo tres números iguales— se le dice que esas placas están reservadas para políticos o que pueden conseguirse pagando entre 6 mil y 7 mil pesos.
Mientras tanto continúan los permisos otorgados sin pasar realmente por una revista mecánica. Se cobra la revisión, pero muchos vehículos nunca reciben holograma ni pasan una inspección real.
Y eso, ¿cómo se llama?
Corrupción.
Pero hay otro ejemplo todavía más claro del funcionamiento del sistema.
Cuando un ciudadano compra un automóvil nuevo, la agencia le entrega una carta factura con una vigencia de 30 días para poder circular mientras obtiene sus placas.
El problema aparece cuando intenta sacar cita para recogerlas. En muchos casos no hay citas disponibles dentro de ese plazo y la fecha más cercana aparece hasta un mes después.
Cuando el ciudadano finalmente logra presentarse en la oficina, su carta factura ya venció.
Ahí comienza otra presión económica.
Porque lo que le dicen es muy simple: si regresa a la agencia para renovar la carta factura, le cobrarán alrededor de 400 pesos.
A eso se suma el costo de las placas, que ronda los 2,500 pesos.
Pero además, el ciudadano termina haciendo prácticamente todo el trabajo que debería realizar la propia autoridad.
Para registrar un vehículo nuevo le piden copia de la carta factura, factura sin valor, XML, póliza de seguro, credencial de elector y diversos documentos adicionales, e incluso se les pide que ellos mismos validen documentos como su credencial o su seguro, cuando esa verificación debería hacerla la dependencia.
Es decir, el ciudadano lleva el expediente prácticamente armado… y la autoridad solo revisa y cobra.
Y para colmo, muchos de los llamados revisores de documentos o peritos ni siquiera muestran un documento oficial que acredite que realmente tienen esa función.
Las licencias y tarjetas de circulación no son impuestos.
Son derechos.
Y cuando un ciudadano paga un derecho, el Estado está obligado a entregarle el documento correspondiente.
Así que urge una auditoría especial en esa dependencia que transparente completamente su presupuesto.
De no hacerse, podrían desaparecer decenas de millones de pesos que estaban destinados a la impresión de material para los trámites de automovilistas en el estado de Morelos.
Porque en pocas palabras ocurrió lo siguiente:
Cuando inició el gobierno de Margarita González Saravia, los ciudadanos pagaron su refrendo vehicular como cada año y el gobierno tenía la obligación de entregarles una tarjeta de circulación física, porque así lo establecía la normatividad vigente.
Sin embargo, esas tarjetas nunca llegaron a los contribuyentes, a pesar de que el recurso público destinado para su impresión sí se ejerció.
Meses después, la ley fue modificada para permitir que la tarjeta de circulación digital fuera válida.
Entonces:
Si el dinero para imprimir las tarjetas del año pasado ya se gastó y este año el documento ya no se imprime…
¿dónde quedaron esos millones de pesos?
Es pregunta.
Porque cuando el dinero público deja de verse… puede ser por varias opciones.
Y una de ellas es:
La corrupción.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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