El 14 de abril de 2016, a pesar de que formaba parte del equipo de reporteros “especiales” de una televisora a nivel nacional, mi propuesta de nota sobre varios abusos sexuales a menores de entre 3 y 5 años por parte de “Rafa”, el esposo de la directora y dueña del Colegio Matatena Montessori ubicado en la colonia Del Valle en la Ciudad de México, fue botado al archivo de censura debido a que “era un tema delicado, sensible e incómodo para los televidentes”.
“Es un delito difícil de demostrar, sobre todo cuando la agresión sexual es a niños muy pequeños y la acusación es de alguien tan pequeño contra un adulto”. Aquel punto “editorial” me pareció mezquino, canalla y ruin, y en un arranque de cólera reviré al entonces jefe de redacción, que, por cierto, nunca ha sido reportero: “¿Qué harías si alguno de tus hijos fuera tocado sexualmente por un maestro o una maestra?”.
Me miró y atajó: “¿Sabes cuál es el problema? Que no es un campo personal, no podemos partir de que le ocurra a algún familiar”.
Había en esa respuesta una dosis de razón, no sólo en el periodismo, sino en todas las profesiones; esa delgada línea entre lo profesional y personal se tiene que respetar.
Sin embargo, era personal en el momento en el que ese año la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) registró que México se había convertido en primer lugar en abuso sexual.
Personal, cuando un año antes cerca de 300 menores habían requerido atención hospitalaria después de ser abusados y sigue siendo personal cuando las cifras han revelado que 80% de los agresores a niñas, niños y adolescentes son familiares directos, mientras que 50% de los encuestados consideraban que el principal agresor era un extraño. Además, siete de cada 100 adultos ha revelado haber sufrido abuso sexual en su infancia.
Así que sí, siempre será personal.
El abuso sexual infantil no sólo debe tocar a quien lo vive, sino a todos: familias, extraños, maestros, autoridades y, sí, también a quienes somos periodistas. Es inconcebible, además, que en esta profesión existan jefaturas de redacción dirigidas por quienes han erradicado de sí mismos la empatía, solidaridad y sensibilidad para con otros.
Aquella noche, ahogada de impotencia e insomnio, no encontraba el modo de publicar una denuncia periodística en la que todos los elementos se conjugaban para hacer pública la historia de seis familias inmersas en ese dolor tan profundo. De nuevo pensé en las otras muchas denuncias en las que “sin la plataforma de un medio nacional” mi trabajo como reportera se archivaba en la carpeta del olvido. Lo único que me quedaba era hacer pública la denuncia en mi blog periodismoatodaprueba.blogspot.mx, que, por cierto, nació luego de varias propuestas de periodismo de denuncia rechazadas.
Mi trabajo periodístico lo publiqué durante meses sobre lo que ocurrió dentro del Colegio Matatena Montessori y concluyó cuando publiqué la sentencia del agresor de los menores. Después de ese caso, a la fecha, mi correo se sigue saturando de escritos de madres y padres con hijos abusados por maestras y maestros en colegios particulares y escuelas públicas.
Luego del Colegio Matatena Montessori denuncié otro caso de abuso sexual agravado a una menor de 3 años por parte de un profesor dentro de los baños del Colegio Williams durante el horario escolar.
La denuncia en muchas situaciones no fue diferente a la de Matatena Montessori, pues también, como suele ocurrir, los directivos de colegios o de escuelas públicas sobreprotegen a los agresores y cierran sus puertas y el diálogo con los padres del menor o menores agredidos, y olvidan que sus alumnos son la base de todo, pero eso no les importa porque con su proceder terminan anulándolos y desdeñándolos.
“¡Los niños que dicen eso son unos mentirosos!”, dijo el director del Colegio Williams en un acto desesperado; estaba cercado. Sabía que esa acusación traería graves consecuencias y en una reunión con pocos padres de familia minimizó la acusación.
Es verdad, lastimar sexualmente a un menor es una decisión del o los agresores y no se debe generalizar, pero en todos los casos en los que he denunciado un abuso sexual dentro de un colegio o escuela pública los padres, además de enfrentar el dolor de saber que alguien lastimó a su hijo o hija y decidir denunciarlo contra todos los pronósticos, enfrentan la insensibilidad y la desprotección de los directivos y las autoridades, así como el hostigamiento que deriva en desterrarlos de sus aulas por convertirse en “padres non gratos”.
Y ni hablar de la vergüenza e incomodidad que causan al resto de padres y mesa directiva, que por años los saludaban con un beso en la mejilla en la entrada o salida y luego de enterarse de que “el hijo fue abusado” no falla que, en lugar de cerrar filas junto a los agraviados y exigir el esclarecimiento de los hechos, se muestren indiferentes y nada empáticos con las familias que evidenciaron el abuso sexual a su hijo, hija o hijos por parte del maestro o maestra. Siempre es más fácil invisibilizarlos a acompañar.
A mediados del sexenio pasado me acerqué al equipo del entonces indigno e inútil secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño con la finalidad de enterarlo de los casos que tenía publicados. La respuesta fue: “Al secretario Nuño no le tocan estos temas”.
¡Ah, chingá!, ¿y entonces a quién le tocan?, pensé.
Necia por convicción, en otro evento de flojera que sólo sirvió para que recibir aplausos y sonrisas hipócritas, volví a la cargada y esta vez me le paré enfrente y le entregué un sobre con las seis denuncias publicadas, y dentro una tarjeta con nombres de los padres y sus respectivos números telefónicos. El sobre me lo recibió con esa sonrisita fácil y lo entregó a su fiel jefe de Comunicación Social.
Un par de meses después fui llamada y recibida por el subsecretario Treviño para contarme del “tremendo esfuerzo de la SEP para con los niños y niñas”. De verdad, salí casi enternecida… Con mucho esfuerzo, logré que la SEP los contactara, pero sin resultados.
Uno de ellos era el caso de la pequeña Tefany y su agresión sexual dentro del Colegio Williams.
Una copia de la declaración, en manos de esta reportera, refiere que el profesor Abram (así está escrito en su acta de nacimiento) ante la PGJ-CDMX declaró ser profesor del Colegio Williams y aceptó el uso de alcohol, enervantes y drogas.
Es decir, ¿el Colegio Williams en la Ciudad de México lo sabía y aun así lo contrató? ¿O fue un profesor recomendado? ¿O no respetan los protocolos de contratación de su personal? ¿Lo supieron todos los padres de familia? ¿Usted aceptaría un profesor a cargo de sus hijos con esos antecedentes?
En una grabación, en poder de esta reportera, José Luis Lugo Morán, director técnico del Colegio Williams, en una reunión con padres de familia minimizó la denuncia periodística del presunto abuso sexual contra una alumna y remató:
“Es la única reportera que ha hecho público el caso. No hay nadie más que hable de eso”, y determinó demandar por 20 millones de pesos a los padres de la menor y a la periodista Yohali Reséndiz por dañar “la imagen del colegio y su reputación”, cuando lo primordial, desde el principio, debió ser la atención y el respaldo a la menor y el acompañamiento a los padres en contra de un profesor que era señalado de abusar sexualmente de una alumna dentro del colegio.
¿Una demanda millonaria en contra nuestra por parte del Colegio Williams borró lo ocurrido dentro de sus instalaciones? La respuesta es: nunca.
Cuatro años y cuatro meses después del caso, se ha dictado un fallo condenatorio en contra del profesor del Colegio Williams por el delito de abuso sexual agravado. La sentencia fue resuelta por el juez Pablo Picazo Fosado, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien después de recibir y valorar las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la asesoría jurídica de las víctimas y la defensa dijo estar plenamente convencido de que el profesor sí cometió el delito de abuso sexual agravado, y a las 21:00 horas del 8 de noviembre de 2021 lo condenó a cumplir la pena de prisión de nueve años y siete meses, sin derecho a beneficios ni sustitutivos de la pena de prisión.
Algo importante a destacar es que el juez Picazo Fosado emitió su fallo con perspectiva de género y de infancia, en una tutela judicial efectiva en favor de las víctimas directas e indirectas.
Además, la fiscal María Cristina Castillo Espinosa solicitó al juez Pablo Picazo la medida cautelar de prisión preventiva, petición a la cual se sumaron los asesores jurídicos públicos Jatziel de la Parra Castro y Diana Espinoza García.
El juez resolvió que era procedente la imposición de la prisión preventiva y ordenó al auxiliar de la sala que girara el oficio correspondiente al director del Reclusorio Oriente para que el profesor Abram “N” fuera ingresado.
El juez Pablo Picazo Fosado mostró sensibilidad al juzgar este caso tan delicado, que no sólo involucró a nuestra niña, sino que implicó un gran impacto y dolor para toda la familia, cuatro años y cuatro meses después de esta denuncia periodística y sin el efecto mediático como en el caso Matatena Montessori, porque fueron varios los medios escépticos que no contaron con el espacio para una denuncia tan grave y dolorosa, y gracias a la valentía de la menor de aceptar acudir las 14 veces que fue requerida y señalar con toda claridad a su agresor.
Gracias al amor, respeto y fortaleza de sus padres, hermanos, abuelos que le creyeron en todo momento y no cejaron en luchar para obtener justicia, y luego de un calvario y peregrinar de un proceso penal desgastante en todos sentidos, es que puedo publicar que el pasado lunes 8 de noviembre el juez Quinto Penal de Enjuiciamiento Procesal Penal acusatorio de la Ciudad de México, Pablo Picazo Fosado, dictó un fallo condenatorio de nueve años y siete meses de prisión en contra del profesor del Colegio Williams por el delito de abuso sexual agravado contra una menor de 3 años.
#YoTeCreo
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