CDMX: un sistema de justicia podrido

Después de las atrocidades que cometieron contra la familia Cuevas Morán, la pregunta es: ¿cuántos casos más existen que nadie conoce en los que pisotean a las víctimas y hacen añicos a las familias?

CDMX: un sistema de justicia podrido
Yohali Reséndiz

Le invito a que me lea y al final responda la pregunta.

Después de conocer las atrocidades que cometieron contra la familia Cuevas Morán otra pregunta a responder es: ¿cuántos casos más existen que nadie conoce en los que pisotean a las víctimas y hacen añicos a las familias?

Las complicidades perversas para las víctimas están a la orden del día y sobran denuncias que no deberían escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero gracias a ello se corrompen desde el poder instituciones completas.

Así, tanto la Fiscalía General de (in)Justicia de la Ciudad de México como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México aprobaron, en el caso Cuevas Morán, semejante aberración.

Entonces, escribamoslo con todas sus letras, Ernestina Godoy y Rafael Guerra representan dos instituciones que están a merced de hombres perversos, agresores y uno que otro violador.

Ahora mismo que usted me lee tenemos el doloroso caso que implica directamente a Manuel Horacio Cavazos López, un ex magistrado que violentó sexualmente a sus propias hijas y que hasta el momento goza de total impunidad gracias a la protección de las autoridades capitalinas y la desaseada forma de trabajar de sus abogados defensores, quienes se valen de tropelías y hasta de prácticas santeras para librarlo de la justicia.

En esta denuncia tristísima por el parentesco de las víctimas con su agresor, las menores, respaldadas por su madre Mariel Albarrán, también han recurrido a instancias federales para aspirar acceder a la justicia y frenar la persecución que han emprendido en contra de su progenitora, con el objetivo de intimidarla, agotarla para que desista en la búsqueda de justicia para sus hijas.

Si usted fuera Mariel Albarrán y el padre biológico de sus hijas o hijos hubiesen sido violentados sexualmente, ¿se acobardaba, cedería, desistiría, olvidaría?

Tajantemente no, ¿verdad?.

Hasta el momento se han identificado seis carpetas de investigación en contra de ella y es que al agresor no le alcanza una para lograr su objetivo. Pobre.

Sus actos desesperados obedecen a que la propia Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México confirma la violencia sexual que ejerció en contra de sus pequeñas hijas.

Y es la propia comisión la que señala que son consistentes los testimonios de las menores y que los hechos ocurrieron en repetidas ocasiones, y no de manera única.

Otra prueba de la terrible complicidad e injusticias que enfrentan las víctimas y las familias es la afirmación en audio de una conversación entre Mariel Albarrán y la ministerio público que asegura que ella objetó el no ejercicio de la acción penal. En el audio asegura haber rechazado el no ejercicio de la acción penal, pero por instrucciones de sus superiores terminó por firmarlo y expresa preocupada la presión que recibió para favorecer al agresor, entre otras anomalías.

Si eso hiciera cada ministerio público otro sería nuestro sistema judicial. Pero no, muchos callan y en el arrastre a la oscuridad de las víctimas solapan agresores.

Las carpetas iniciadas por el agresor se reproducen con velocidad; la carpeta principal aún no es reabierta ni judicializada, ni la denuncia en contra de Mario Acosta Bastidas, pediatra y amigo del violador Cavazos, quien se prestó para declarar falsamente. La carpeta de investigación casualmente “fue extraviada medio año” y desde 2019 no lograron la comparecencia del imputado, por lo que fue hasta finales del año pasado que acudió a la agencia y SE RESERVÓ su derecho a declarar y, ¡sorprais!, pese a su negativa, decidieron determinar el no ejercicio.

Las víctimas de Cavazos esperan la determinación del tribunal colegiado para reabrir la carpeta. Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga este caso por ser un ejemplo de violencia vicaria, en donde el agresor buscó perpetuar la violencia a través de sus propias hijas, las violentó psicológica y sexualmente para hacerle daño a la mamá, además de su propia depravación, y por el hecho de que sigue valiéndose de denuncias falsas para desgastarla física y económicamente.

En México, las madres que se atreven a denunciar la violencia sexual en contra de sus hijas e hijos no sólo se encuentran con impunidad, corrupción o negligencia por parte de quienes deberían protegerles, reciben violencia institucional y viven la persecución del Estado.

Cavazos López sigue buscando regresar al Tribunal Superior de Justicia y, aunque le negaron el amparo y protección de la justicia para su ratificación tácita, una ratificación automática, le concedieron que el Congreso de la Ciudad de México fundara y motivara el dictamen de no ratificación, pues no les parece suficiente el tema de la honorabilidad.

Ojalá no permita el tribunal que alguien que cometió estos delitos tan deleznables ni siquiera entre al baño ni ronde por los pasillos o que “acompañe” a algún “amigo” a pasar su día, porque si eso ocurriera entonces habrá que cambiarle el nombre a esa institución que no respeta a las víctimas.

Desde esta columna conmino al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México para que no permita que este EXFUNCIONARIO regrese a una posición en la que por muchos años le dio vuelo a su depravación.

Es cierto que no necesitamos que los jueces sean personas perfectas, que son humanos y que son falibles, pero no es lo mismo un juzgador detenido por conducir borracho que un juzgador que agrede sexualmente a niños; no es lo mismo un juzgador que retrasa ocasionalmente el pago de sus servicios o que no paga una deuda, que un juez que ataca a niñas, hijas, seres indefensos; no es lo mismo un juzgador que es un lépero con sus subordinados que uno que utiliza sus relaciones para torcer el sentido del derecho y de las instituciones.

No. No es lo mismo.

Las instituciones de justicia son para las víctimas y la cárcel para quienes cometen delitos.

Es más, en una reunión que tuvo Mariel Albarrán con su asesora jurídica Ana Katiria Suárez y la activista Olga Noriega Sáenz, con la fiscal Ernestina Godoy, Laura Borbolla, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, en las instalaciones de la Fiscalía, Mariel manifestó la existencia del audio y de la objeción.

Ernestina Godoy mientras se pintaba los labios se dijo sorprendida y Laura Borbolla manifestó que no podía permitir que su jefa saliera a los medios a decir que se equivocó.

¿Y las víctimas? ¿Hasta cuándo?

@yohaliresendiz

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


Más de 150 opiniones a través de 100 columnistas te esperan por menos de un libro al mes. Suscríbete y sé parte de Opinión 51.