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Por Adela Navarro Bello

Apenas habían pasado unos cuantos días del enero de 1990, cuando don Jesús Blancornelas, en una cita solicitada exprofeso, decidió hacerme parte de su equipo de reporteros. Después de una plática breve pero provechosa para identificar mis querencias profesionales, sugirió que subiera las escaleras y, en la oficina del lado derecho, esperara al licenciado Francisco Javier Ortiz Franco, para que diera la primera asignación reporteril.

Con nervios, pero muy firme, me encaminé a la oficina que ahora es la mía. Francisco no estaba, pero sí Miguel Cervantes Sahagún, por entonces editor de fotografía y miembro del Consejo Editorial; me presenté con él, pero apenas si interrumpió la lectura de un periódico impreso.

Minutos más tarde llegaría Francisco Javier Ortiz Franco, hombre afable, maestro nato; se instaló en esa pose tan suya de reflexión, pensando en un tema para asignarle a la aprendiz de reportera que tenía frente a sí. Después de unos minutos de silencio, se le iluminó el rostro y recomendó bajar a la hemeroteca de ZETA para leer todo lo relacionado con la irrupción policiaca y judicial en una invasión de predios, donde la lideresa de los invasores había terminado en prisión.

—Una vez que leas todo sobre el caso, haz una lista de dudas que tengas: qué hace falta saber, por qué está en prisión la lideresa, de quién es el predio, si cumplieron con la ley o hubo presión para impactar la invasión de tierras, qué pasará con ella, qué sucederá con los invasores, dónde están sus pertenencias, a dónde se fueron, realmente no tenían propiedades, si es un tema político o uno de necesidad social. Cuál es el destino de la lideresa encarcelada —elaboró el licenciado Francisco Ortiz. Y sin más, recomendó ir a entrevistar al juez que llevaba el caso: Miguel Ángel Barud Martínez, Juez Segundo de lo Penal en Tijuana.

Sin experiencia alguna, sin herramientas, sin habilidades para la escritura rápida, pero con toda el hambre de hacer periodismo, quedó establecida la cita para la entrevista con el juez. Don Carlos Navarro, acumulador nato, encontró entre sus cachivaches una enorme grabadora con cassette TDK, baterías nuevas y vámonos.

Las oficinas del Juzgado Segundo de lo Penal estaban donde ahora se instala la Fiscalía General del Estado en Tijuana, en la colonia Revolución. A la hora pactada, el licenciado Miguel Ángel Barud Martínez, amabilísimo, atendió a esta reportera. Con voz también de experimentado maestro, respondió pausadamente las preguntas que llevaba escritas en una libreta; la entrevista habría tomado unos 20, 30 minutos.

Por supuesto, después de agradecer el encuentro periodístico, la emoción del primer entrevistado llevó al momento de regresar la cinta del casete y escuchar la primera entrevista. Pero nada. La aparatosa grabadora no emitía sonido alguno con la activación del botón de Play. Otro intento. Nada. Uno más. Nada. Y entonces la alerta: había otro botón que indicaba “pausa” y estaba activado. No se había grabado nada de la entrevista.

La disyuntiva fue entonces: ¿qué hacer? ¿Regresar con Francisco Javier Ortiz Franco y decirle del fracaso? ¿No volver más a las oficinas de ZETA ante el bochorno? ¿O regresar y pedirle al juez que respondiera las preguntas una vez más?

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