Por Adela Navarro Bello 

Al final, a pesar de la protección de la Presidenta, del espaldarazo político que le dio desde Palacio Nacional, de la defensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la exigencia de pruebas en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, de decir que el que nada debe nada teme y de recibir apoyo público de parte de toda la clase política morenista, incluyendo legisladores, gobernadores y demás, Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo y se fue.

Finalmente, él o alguien en el grupo de la Presidencia consideró que la acusación por narcotráfico que obra en su contra —y en la de nueve de sus ex colaboradores, colaboradores y el alcalde de Culiacán— en la Corte del Distrito Sur de Nueva York sí resultaba un lastre para el morenismo, que arriba señalado de corrupción, complicidad con el narcotráfico y amenazas en el proceso electoral de 2021, rumbo a los comicios de 2027, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentará su elección intermedia, donde no solo está en juego mantener el control del Poder Legislativo, sino también la elección en 17 estados de la República Mexicana.

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