Respira
Por Sophia Huett
Irma trabajaba para la administración municipal desde hacía ocho años. Había visto cambiar gobiernos y colores políticos, y sabía que cada tres años existía el riesgo de perder el trabajo. Era una incertidumbre normalizada.
Ella no militaba en ningún partido. Tenía una maestría en Finanzas, conocía los procesos administrativos y había ayudado a mejorar distintas áreas del municipio. No era cercana al poder. Simplemente sabía hacer su trabajo.
Pero un día, el alcalde decidió cambiarse de partido a media administración. Y comenzaron los despidos.
Eso no lo vio venir.
De pronto, personas con experiencia empezaron a salir. No necesariamente por malos resultados, sino porque dejaron de ser consideradas “cercanas”. En su lugar llegaron perfiles cuya principal fortaleza no era el conocimiento técnico, sino la afinidad política.
Y ahí empieza un problema mucho más grave de lo que parece: cuando la lealtad sustituye al mérito, lo que se pierde no es solo experiencia. Se pierde capacidad institucional.
Durante años se construyó una idea básica: que el Estado debía contar con personas capacitadas, capaces de sostener políticas públicas más allá de los cambios de gobierno. A eso se le llamó tecnocracia. Con muchos defectos, sí. Pero tenía un principio indispensable: el mérito importaba.
Hoy, ese principio se debilita.
La lealtad política empieza a pesar más que la preparación. Y no solo en los cargos altos. La sustitución de perfiles técnicos ocurre en toda la estructura pública. Personas que conocen procesos, normas y riesgos son desplazadas por otras cuya principal credencial es responder al grupo correcto.
Ahí aparece la primera injusticia.
La persona servidora pública deja de ser vista como parte del Estado y pasa a ser identificada con un color. Si cambia el gobierno, cambia su valor. No importa su desempeño ni su experiencia. Puede ser despedida simplemente por no pertenecer.
Es, en muchos sentidos, la primera persona traicionada por el sistema.
Porque además se le trata como si no fuera ciudadanía. Como si años de trabajo, experiencia y servicio pudieran desecharse de un día para otro para abrir espacios políticos.
Y lo que sigue también lo paga la gente.
Porque cuando los puestos públicos dejan de asignarse por capacidad y empiezan a repartirse por lealtad, las instituciones se debilitan. Se retrasan trámites, se improvisan decisiones, se pierden conocimientos acumulados y se repiten errores que ya habían sido resueltos.
Es el deterioro silencioso del Estado. Y, en el fondo, es una forma de acarreo burocrático.
No de personas hacia un mitin, sino de perfiles hacia una estructura pública que debería ser profesional. Se premia la cercanía donde debería exigirse preparación.
Lo más grave es que todo eso ocurre con recursos públicos.
Porque la administración pública no pertenece a ningún partido político. Le pertenece a la ciudadanía. Y cada puesto entregado por afinidad y no por mérito es dinero público usado para debilitar instituciones.
Sustituir mérito por lealtad no democratiza. Precariza.
Y cuando el Estado pierde a quienes saben hacer el trabajo, no pierde un gobierno.
Pierde la ciudadanía.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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