Respira
Por Adela Navarro Bello
En tres días, del 21 al 23 de agosto de 2026, los sinaloenses fueron testigos de la ingobernabilidad política en esa entidad federativa. De la ingobernabilidad general, donde impera la ley no escrita en letras, sino en balas del crimen organizado, son testigos desde 2019, cuando el Culiacanazo dejó decenas de muertos y supuestos detenidos de los cuales no se sabe nada, salvo el objetivo principal, Ovidio Guzmán López, detenido por la entonces Policía Federal y liberado horas después por orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
La ingobernabilidad, producto de las insanas guerras del Cártel de Sinaloa, se intensificó en julio de 2024 cuando, para sorpresa de todos en México y en los Estados Unidos, Ismael Zambada García, el Mayo, fue detenido en un aeropuerto de Santa Fe, Nuevo México, hasta donde fue llevado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, como parte de su entrega al gobierno del vecino país, no sin dejar una estela de muertos detrás de ellos: Héctor Melesio Cuén, el exrector de la Universidad de Sinaloa, y un muerto político muy notorio: Rubén Rocha Moya, quien, según declaraciones del detenido Zambada, había acudido al lugar de donde lo sacó su ahijado para verse con Cuén y Rocha y mediar en un conflicto político entre ellos. Esa mezcla de narcotráfico y política terminó por acabar con la carrera pública de Rubén Rocha Moya, quien en abril de 2026 se convirtió en el primer gobernador constitucional mexicano en ser indiciado en una corte de los Estados Unidos, vía denuncia e investigación del Departamento de Justicia del mismo país.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...
