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Por Ana Cecilia Pérez

La privacidad no se entrega. Se defiende.El rompecabezas ya empezó a armarse.Y mientras las empresas descubren que también son parte del tablero… el reloj sigue avanzando.

A lo largo de estas semanas hemos puesto sobre la mesa los cambios que transforman la forma en la que identificamos, registramos y vigilamos a las personas en México. Pero hay un ángulo del que poco se habla: ¿está el país preparado para administrar esta nueva identidad digital?

Porque aprobar reformas es una cosa.Implementarlas con garantías es otra muy distinta.

Y hoy, a diferencia de otras regiones del mundo, México no cuenta con una legislación específica sobre el uso de datos biométricos, ni con un organismo autónomo funcional que vigile su uso.

Eso significa que estamos creando una de las bases de datos más sensibles de la historia, sin cortafuegos legales ni garantías técnicas suficientes.

Mientras aquí discutimos si esto afectará o no a la ciudadanía, en otras partes del mundo ya vimos las consecuencias.

  • En India, el sistema de identidad Aadhaar, que integraba datos biométricos de más de mil millones de personas, fue víctima de múltiples filtraciones y abusos.
  • En Argentina, se reportó el acceso indebido a RENAPER, el padrón nacional de datos, donde incluso se compartieron los datos del presidente en foros clandestinos.
  • En China, el uso masivo de reconocimiento facial para controlar movimientos ciudadanos ya generó alertas de derechos humanos.

No es paranoia. Son precedentes.

Y México, con un historial reciente de vulneraciones en bases de datos gubernamentales como SEDENA, SAT, INFONAVIT, RENAPO y más, no puede seguir actuando como si esto fuera solo un problema técnico.

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