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Por Cristina Gutiérrez Salman

En los últimos días se ha presentado un cambio cada vez más evidente en la postura de la mayoría de los gobiernos occidentales, muchos de ellos aliados históricos de Israel, frente a las acciones de este país contra la población de la Franja de Gaza. El martes 20 de mayo tanto la Unión Europea como el Reino Unido anunciaron nuevas medidas económicas contra Israel como respuesta a la intensificación de sus operaciones militares en Gaza y las crecientes denuncias por violaciones del derecho internacional humanitario, derivadas del bloqueo a la ayuda humanitaria que Israel ha impuesto en este territorio desde hace casi tres meses. 

La Unión Europea, principal socio comercial de Israel, declaró que someterá a revisión el acuerdo de comercio y cooperación que mantiene con este país para determinar si Israel ha violado las obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en el mismo. Por su parte, el Reino Unido anunció la suspensión formal de las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial con Israel, así como la implementación de sanciones contra personas y organizaciones que llevan a cabo actos radicales en los asentamientos en Cisjordania. Tanto el primer ministro británico, Keir Starmer, como el ministro de relaciones exteriores, David Lammy, manifestaron estar “horrorizados” por la escalada de los ataques israelíes en Gaza y el bloqueo de la entrada a la ayuda humanitaria, acciones que calificaron de “indefendibles”. 

Simultáneamente a estas acciones, los gobiernos del Reino Unido, Francia y Canadá emitieron a principios de semana un comunicado conjunto instando a Israel a detener su “desproporcionada” ofensiva militar en Gaza y a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Los jefes de gobierno de estos tres países declararon que no se quedarán de “brazos cruzados” ante estas violaciones al derecho internacional humanitario y amenazaron con tomar represalias contra Israel ante un “nivel de sufrimiento intolerable”.

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