Por Cristina Gutiérrez
El día de ayer se cumplió una semana desde que colonos israelíes iniciaron el cerco a la aldea de Qusra, al sur de Nablus, en Cisjordania. El asedio empezó el 9 de agosto con una decena de colonos que ocuparon la entrada de una vivienda situada en lo alto de una colina; en cuestión de horas levantaron una tienda de campaña en el patio y bloquearon el acceso a otras dos casas contiguas. Adentro quedaron atrapadas unas quince personas, entre ellas al menos dos niños, que Naciones Unidas describió como en “estado de terror”. Los colonos cortaron el suministro de agua y electricidad, lanzaron piedras e intentaron derribar un muro de contención. Una semana después, las casas siguen rodeadas y las familias atrapadas en su interior. El objetivo de los radicales judíos es obligar a los habitantes de la aldea a abandonar la zona y apoderarse de sus viviendas.
Pocos días después del inicio del asedio, Israel lanzó una operación militar supuestamente destinada a “proteger a los residentes y mantener la seguridad”. Sin embargo, las tropas israelíes lejos de desalojar a los ocupantes, se sentaron a rezar y a fotografiarse con ellos. El ejército mostró una orden que declaraba la zona “militar cerrada”, aplicando esta restricción únicamente contra quienes intentaban ayudar a las víctimas. Periodistas de agencias internacionales y activistas israelíes de derechos humanos que intentaban llevar comida y agua a las familias fueron bloqueados por los soldados en la entrada de la zona, mientras los colonos agresores circulaban con total libertad. Es decir, no solo se impide que las familias salgan, se impide que el mundo entre a verificar lo que ocurre.