Por Diana Murrieta*
La discusión sobre una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar el Feminicidio representa una oportunidad que México no puede desperdiciar. No porque una nueva ley, por sí sola, vaya a resolver la violencia feminicida, sino porque obliga al Estado mexicano a hacerse una pregunta que durante años ha evitado responder de manera integral: ¿qué está fallando para que las mujeres sigan siendo asesinadas y para que, después de esos asesinatos, tantas familias sigan enfrentándose a la impunidad?
En este proceso se ha anunciado la realización de mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, colectivas, especialistas, víctimas y familiares, mismas que serán llevadas a cabo esta semana. Esa apertura es importante. Pero participar no puede significar únicamente ocupar una silla, entregar observaciones o aparecer en una fotografía institucional. La verdadera participación implica que las propuestas sean escuchadas, discutidas y, cuando resulten pertinentes, incorporadas al texto que eventualmente será aprobado.