Por Georgina de la Fuente
¿Qué hacer de un gobierno emanado de un narcoacuerdo electoral y no de la voluntad ciudadana? ¿Qué tan libre resulta una elección que derivó de un narcoacuerdo? ¿Son válidos los actos de una autoridad que no fue electa en una elección íntegra? Estas son solo algunas preguntas que inevitablemente surgen de las acusaciones de la justicia estadounidense de la semana pasada y que nadie se anima a hacer.
En el comunicado difundido por el Departamento de Justicia estadounidense en el que se acusa al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de vínculos con el Cártel de Sinaloa hay un elemento del que se ha hablado poco, pero que no se debería ignorar en un contexto de precampañas anticipadas generalizadas en todo el país. Los “Chapitos” ayudaron a Rocha Moya a ganar la elección a la gubernatura de 2021 empleando métodos como el secuestro y la intimidación de rivales políticos, entre otros.
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