Respira
Por Isabel Uribe
Después del impasse legislativo de los últimos meses, de septiembre a diciembre próximo, el Congreso mexicano se encamina hacia una carrera contra reloj en la que el enemigo no es solo el calendario electoral, sino también las aspiraciones políticas de quienes deberán votar estas reformas.
Se anticipa un periodo ordinario intenso. Sobre la mesa están las obligaciones constitucionales del Congreso, como la aprobación del Paquete Económico 2027, la recepción del segundo Informe de Gobierno y la posterior glosa, en la que se esperaría la asistencia de secretarias y secretarios de Estado.
Por otro lado, está la agenda que han perfilado el Ejecutivo federal y el grupo mayoritario de Morena. Destacan la Ley General en materia de Feminicidio; la regulación de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las redes sociales; una nueva legislación sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; bienestar animal y seguros de gastos médicos mayores.
La pregunta de fondo no es cuántas iniciativas enviará Palacio Nacional ni cuántas surgirán del Congreso. El desafío será determinar si tres meses serán suficientes para discutir y aprobar un paquete de reformas tan ambicioso, cuando el reloj electoral ya comenzó a correr. Los legisladores tendrán un ojo en el tablero de votación y el otro en el trabajo territorial o, mejor dicho, en sus aspiraciones personales.
Septiembre no sólo marca el inicio de la actividad legislativa, sino también del proceso electoral federal. Así lo establece el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), lo que implica que los partidos comenzarán a definir candidaturas y estrategias rumbo a los comicios. A partir de entonces, la dinámica parlamentaria comenzará a convivir con la lógica de la sucesión.
Se sabe que en este país la realidad política suele adelantarse a los calendarios y tiempos legales. Desde hace algunas semanas se siente en el ambiente político una especie de despedida adelantada. Tan solo en junio, la Comisión Permanente otorgó una treintena de licencias a legisladores, principalmente de Morena y del PVEM, que decidieron participar en el proceso interno del partido, a través de las “coordinaciones de defensa de la transformación y la soberanía nacional”.
Las licencias y despedidas adelantadas serían asunto menor si no se tuviera enfrente una compleja agenda en temas que repercutirán en la vida de las y los ciudadanos y que requieren un análisis amplio, no una simple oficialía de partes.
Por ejemplo, la iniciativa para expedir la Ley General en materia de Feminicidio, que aumenta las penas de 50 a 70 años y establece 19 agravantes del delito, ya enfrenta cuestionamientos. Especialistas advierten que endurecer las penas no resolverá las fallas en la investigación de los delitos, sobre todo en la actuación de las fiscalías.
En el caso de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, existe ya un documento de trabajo de 453 artículos que se complementaría con 82 consultas a 16 mil 728 comunidades indígenas. Legisladoras alertan que este proyecto tiene observaciones por la falta de metodología de las consultas y la ausencia de un impacto presupuestal claro, además de mantener el papel del “Estado paternalista”.
La complejidad de las normas legislativas que vienen no es menor; la legislación para regular la inteligencia artificial ha despertado inquietudes ante un posible impacto en la libertad de expresión y el riesgo de habilitar mecanismos de censura.
La pregunta no es si las mayorías parlamentarias alcanzarán para aprobar estas reformas, que solo requieren mayoría simple, sino si habrá tiempo y voluntad suficientes para discutirlas y analizarlas de fondo. Porque legislar no es solo reunir la votación necesaria, sino construir un entramado jurídico más allá de la coyuntura. Y esa carrera contra reloj difícilmente se gana cuando buena parte de quienes deben correrla ya tienen un pie fuera del Congreso.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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