Respira
Por Julieta del Río*
En México, la línea entre seguridad y control se está volviendo peligrosamente delgada. Lo que antes parecía impensable —que las autoridades, en su papel de empleadores, pudieran asomarse a la vida privada de las personas a través de sus propios dispositivos— hoy comienza a tomar forma en distintos niveles de gobierno.
Las denuncias de servidores públicos federales, particularmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señalan que se les habría pedido el registro de sus líneas celulares. No se trata de un simple trámite administrativo: hablamos de la vinculación de un número personal con datos identificables, bajo condiciones que generan preocupación por su posible uso y alcance.
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