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Por Leticia Bonifaz

Arturo Zaldívar, no el ideólogo, pero sí quien ha instrumentado la reforma judicial, llamó al proceso de sustitución de los jueces “experimento” y confía en que va a salir bien. 

Revisemos lo que ya pasó: la reforma constitucional fue atropellada y con transitorios contradictorios que dificultaron el trabajo del INE. Esta institución puede ser la primera damnificada del experimento después de contar con altísima legitimidad. La cercanía de la presidenta del INE y de algunos consejeros al nuevo partido hegemónico empañó la elección sobre todo al evaluar el impacto que tuvieron los ya famosos acordeones. 

El Tribunal Electoral incompleto desde hace casi dos años, ya había mostrado que tres de los cinco integrantes resolvían sobre pedido y solo quedaban como constancia de hechos las valientes y firmes intervenciones de Janine Otálora y Reyes Rodríguez. Éste último se había sumado a la mayoría cuando se resolvió el tema de la sobre representación de Morena en el Congreso. 

El tribunal ya tenía baja legitimidad y con el proceso de la elección judicial se deslegitimó aún más. Hay incertidumbre respecto de cómo se conformará la mayoría con la llegada de los dos integrantes recién electos.  

El argumento principal de por qué se sometieron los jueces a elección popular fue que invalidaban normas legislativas -función de todo tribunal constitucional-, y de por qué un tribunal no electo popularmente invalidaba normas emanadas de un órgano electo popularmente. Esto por supuesto confundía la magnesia con la gimnasia porque, en un esquema sano de división de poderes, se le asigna al judicial la función de control constitucional que implica contrastar el contenido de una norma legislativa con el marco constitucional y, desde hace algunos años, también con el contenido de los Tratados Internacionales (control de convencionalidad). La legitimidad del poder judicial derivaba de su capacidad técnica. 

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