Respira
Por Liliana Frankel*
Desde que Donald Trump regresó al poder en Estados Unidos el año pasado, cientos de miles de personas mexicanas y de terceros países han sido deportadas al sur de la República, lejos de sus lugares de origen.
Con el silencio de los gobiernos, que ofrecen discursos humanitarios poco elaborados como respuesta única ante esta realidad, muchos observadores atribuyen la elección de Tabasco y Chiapas como sitios para la recepción de deportados a su lejanía de la frontera estadounidense, la cuál debería disuadirles de cualquier intento de regresar para el norte. Sin embargo, este “sentido común” no se construyó de un día a otro.
¿Cómo es que en un país como México, que vive en carne y hueso el fenómeno de la migración, se ha logrado imponer una lógica de control migratorio tan punitiva, más afín a las ideas de su vecino al norte?
Desde esta curiosidad, empecé a investigar los mecanismos a través de los cuales se concretó este nuevo consenso, junto con mis colegas Santiago Narváez Herrasti y Daniel Gómez Hernández.
Para evitar la normalización de la política migratoria punitiva externamente impuesta que se lleva a cabo en México, la cual contrasta fuertemente con el enfoque de derechos humanos que promueven las leyes locales, sirve de mucho observar cómo tan solo desde la pandemia, el Instituto Nacional de Migración ha expandido drásticamente su red de traslados internos y de sitios de detención migratoria – aún cuando no los nombra como tales.
Donald Trump llegó al poder en 2018 promulgando un discurso de odio en contra de las personas migrantes, pero él fue más conocido por expulsar a buscadores de asilo a la frontera norte mediante el programa popularmente conocido como “Quédate en México.” El interregno del demócrata Joe Biden fue la administración que supervisó la expansión territorial de las deportaciones estadounidenses a la frontera sur a partir de 2021, con un detalle: las personas deportadas fueron recibidas por el Instituto Nacional de Migración, una agencia del gobierno federal mexicana.
Hasta la fecha, no existe información oficial sobre los acuerdos que rigen la participación del INM en la dispersión de personas migrantes al interior y al sur de la República. Sin embargo, el traslado de más de medio millón de personas migrantes durante el periodo entre 2017 y 2024 sí fue documentado y desglosado demográfica y geográficamente en respuesta a una solicitud de transparencia que analizamos en nuestro informe, La dispersión como una política migratoria de desgaste. En el link, también creamos un mapa interactivo que las personas interesadas pueden explorar para conocer las tendencias.
El informe vincula el mapa de traslados del INM con el mapa de sus sitios de detención migratoria, los cuales nombra como estaciones migratorias y estancias provisionales. A 2024, información del CNDH confirmó que existían más de 50 espacios oficialmente habilitados por el INM para detener a personas migrantes. Nuestro análisis demuestra que casi el 90% de los traslados internos documentados por el INM terminaron en un municipio con algún sitio de detención migratoria, aún después de la prohibición en 2020 del alojamiento de menores de edad en dichas instalaciones.
Un hallazgo importante que recabamos en los testimonios de personas migrantes fue la afirmación de que los traslados del INM no solamente afectaron a más de 60,000 menores, como fue registrado en sus bases de datos, sino también que llegaron a separar a familias. “Reyna” (pseudónimo) contó cómo el INM la detuvo con su pareja y su hijo durante una caótica redada sobre las vías del tren en Coahuila en 2023; posteriormente, la familia fue trasladada a Villahermosa, mientras su hija adolescente permanecía escondida en el desierto.
“Anahí”, otra mujer migrante residente en la Ciudad de México, me contó cómo había sido detenida este año con su hijo y nieto mientras compraban la despensa en Tepito. Fueron trasladados hasta el puente que marca la frontera con Guatemala en Chiapas – a pesar de que su nieto nació en la capital, y es mexicano.
Los traslados han afectado tanto a personas deportadas como personas en tránsito y personas indocumentadas que ya viven y trabajan en México, aún cuando cuentan con una solicitud de refugio en proceso. Las personas solicitantes de refugio deben presentarse cada 10 días para firmar en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en donde registraron su trámite, por lo que un traslado del INM puede echar a perder meses de espera. Es especialmente consternante que tales traslados se han documentado desde la Ciudad de México, aún sabiendo que se propone como una ciudad santuario donde, como fue anunciado durante el Mundial, el estatus migratorio no quita que la cancha es de todxs.
La dispersión desde arriba – como nombramos a los traslados del INM – también provoca la dispersión desde abajo, en que personas migrantes optan por rutas cada vez más clandestinas y arriesgadas para poder avanzar hacia su destino sin que el INM les detenga. La omnipresencia de los retenes del INM en carreteras de todo México y de sus redadas en las vías del tren ha creado un mercado cautivo de personas desesperadas que se vuelven presa fácil para el crimen organizado.
En su recién publicado libro de memorias, el ex embajador de Estados Unidos a México, Ken Salazar, detalla lo clave que eran los traslados para frenar la migración de tránsito mientras su jefe, Joe Biden, competía para un segundo mandato como presidente. Describe cómo la pausa temporal de todos los traslados anunciado por el INM a finales de 2023 fue la palanca que permitió que AMLO consiguiera una reunión personal con el entonces Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para hablar de temas bilaterales.
De alguna manera, este relato también esclarece la relación entre los traslados del INM y sus prácticas de detención migratoria, ya que en el mismo año, la detención fue pausada y luego limitada a 36 horas tras el trágico incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 personas migrantes.
Los traslados, entonces, han sido la nueva estrategia del INM no solamente para frenar la migración de tránsito, sino también para canalizar su enorme presupuesto e infraestructura militarizada. Reportajes de El Toque revelan el costo millonario que ha asumido el gobierno federal a través del INM para llevar a personas deportadas desde la frontera norte con Estados Unidos hasta Villahermosa y Tapachula.
Otro gasto público innecesario se genera con la deportación de ciudadanos mexicanos a las mismas ciudades, donde el INM les entrega un vale para poder trasladarse vía autobús a sus ciudades de origen. Reportajes locales destacan que solamente una mínima parte de las personas mexicanas deportadas son originarios de Tabasco y Chiapas.
Mientras el aumento del presupuesto de la COMAR este año fue celebrado en medios, aún se mantiene en una fracción de lo asignado al INM, a pesar de las reducciones observadas en la migración de tránsito.
Mientras tanto, el INM sigue invirtiendo en los traslados, llevando a las personas migrantes entre estaciones migratorias, estancias provisionales, retenes, redadas, y los centros de recepción del DIF. Es una estrategia que se puede adaptar para muchas finalidades, desde la intercepción de caravanas hasta echarle sal a la herida de un compatriota deportado después de meses detenido en Estados Unidos.
Otra solicitud de transparencia realizada este año sobre los traslados del INM fue respondida ya sin el desglose demográfico y geográfico del anterior ejemplo, complicando nuestros esfuerzos de seguir analizando las tendencias de la red de traslados.
En la falta de acuerdos públicos o información pública sólida, queda escuchar a las y los compañeros migrantes que vivieron esta política para entender sus verdaderas afectaciones a los derechos humanos.
Si desean conocer más sobre este tema, les invito a la presentación del informe “La dispersión como una política migratoria de desgaste” en la Sala 1 “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el 19 de noviembre de 2026 a las 09:00 horas.
*Liliana Frankel es reportera, traductora e investigadora de temas de derechos humanos. Originaria de Filadelfia, EEUU, es egresada de la maestría de estudios sobre migración en La Universidad Iberoamericana en Ciudad de México.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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