Respira
Por Yohali Reséndiz
El pasado 19 de junio, el Instituto Nacional Electoral destituyó a cuatro consejeros del Instituto Electoral de Michoacán.
¿Por qué? Porque nombraron a una persona para hacerse cargo temporalmente de la oficina que vigila cómo se utiliza el dinero y si los funcionarios cumplen la ley. El problema es que esa decisión, de acuerdo con el INE, no les correspondía tomarla.
La resolución INE/CG336/2026 dejó fuera al entonces presidente del instituto, Ignacio Hurtado Gómez, y a los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza. Silvia Verónica Mauricio Salazar había renunciado antes de que se resolviera el caso.
Seis días después, el INE nombró a Selene Lizbeth González Medina como presidenta provisional del Instituto Electoral de Michoacán. Hasta ahí, podría parecer que el problema terminó con la salida de los consejeros. Sin embargo, quienes se quedaron al frente de distintas áreas del instituto, precisamente las encargadas de administrar el dinero, revisar los gastos y vigilar que se cumpla la ley, ahora enfrentan algunos «sospechosismos».
En la información enviada a periodismoatodaprueba@gmail.com se señala a Abraham Alí Cruz Melchor, responsable de la Contraloría Interna, que es la oficina encargada de investigar posibles irregularidades dentro del instituto, y se menciona a Alberto Tapia y Narda Jacinto, vinculados con esa misma área. La denuncia, de acuerdo con quien la presentó, también fue recibida por el Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán y presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se solicitó su ratificación.
Esta denuncia cuestiona por qué no se investigaron las decisiones y posibles omisiones de quienes tienen la obligación de revisar lo que sucede dentro del Instituto Electoral de Michoacán.
Es decir, si la Contraloría es la encargada de investigar posibles abusos, malos manejos o decisiones contrarias a la ley, ¿por qué no sale a explicar qué hace cuando recibe una denuncia? El titular y el personal encargado de vigilar no están de adorno.
Ahora, Luis Arturo Sánchez Gómez es señalado como responsable del área que administra recursos y asuntos de los partidos políticos, y Mario Eduardo Uribe López es identificado como coordinador normativo administrativo.
¿Y usted se preguntará por qué aparecen en la denuncia? Porque, según la información recibida, el consejero del INE Jorge Montaño Ventura habría intervenido para que llegaran a esos puestos.
La denuncia, además, señala que se habrían pagado liquidaciones a trabajadores que, en lugar de abandonar el instituto, simplemente cambiaron de área y continuaron trabajando, mientras que otras personas que sí fueron despedidas siguen esperando el dinero que legalmente les corresponde.
Habría que recordarles que las liquidaciones no se pagan con dinero de quienes ocupan los cargos, sino con recursos públicos, y cuando una persona recibe una cantidad por terminar una relación laboral, se firma un documento que explica cuánto recibió y en qué condiciones dejó de trabajar.
Ya cambiaron consejeros, ya nombraron nuevos funcionarios, pero ¿quién está o sigue administrando el dinero público?
La investigación que comenzó con Picacho 259 me ha llevado a revisar no solamente los nombres de quienes ocupan los cargos electorales, sino también las decisiones que se toman dentro de esas instituciones, las responsabilidades, los presupuestos y los funcionarios que, sí o sí, deben rendir cuentas.
En Michoacán, esta denuncia abarca las áreas señaladas.
¿Quién está cambiando las reglas y esconde la mano? ¿Quién? Estamos más cerca.
Muchas gracias por sus lecturas y por compartir. Si tienen información o alguna denuncia sobre este u otro asunto, pueden escribirme a periodismoatodaprueba@gmail.com.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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