Respira
Por Martha Cristiana.
A las autoridades federales, a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, a los municipios de la cuenca: por favor, escuchen. Hay familias viviendo junto a un río contaminado que necesitan protección hoy. Sus hijos están creciendo mientras ustedes anuncian proyectos, asignan presupuestos y negocian responsabilidades. La infancia transcurre una sola vez. Ningún programa de recuperación podrá devolverles los años que pasaron expuestos.
En abril de 2011, las autoridades federales y los gobiernos de ambos estados firmaron un acuerdo para continuar el saneamiento del Alto Atoyac. Han pasado quince años. Quince años deberían bastar para que una familia pueda saber qué agua utiliza, a qué sustancias está expuesta y quién tiene la obligación de protegerla.
¿Qué respuesta reciben quienes siguen viviendo con esa incertidumbre?
La gravedad del problema tiene reconocimiento oficial. En 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por violaciones a los derechos a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información en comunidades de Puebla y Tlaxcala. Señaló omisiones de autoridades de los tres órdenes de gobierno frente a la contaminación. La advertencia quedó por escrito.
Por eso, este llamado lleva una pregunta que debería incomodar a cada funcionario responsable: ¿qué protección efectiva recibe hoy una familia mientras llega el saneamiento prometido?
El expediente de la CNDH recoge investigaciones y evaluaciones sobre exposición a sustancias tóxicas, daño genético y riesgos para la salud, incluida una posible relación entre determinadas exposiciones y padecimientos como la leucemia mieloide. Las causas pueden ser múltiples y esos hallazgos no permiten atribuir cada diagnóstico al río. Pero sí obligan a tomar en serio el riesgo y a proteger a la población.
Necesitamos investigar cuánto contribuye la contaminación a las enfermedades de la cuenca. También necesitamos impedir que la espera de respuestas deje desprotegidas a las personas.
A las autoridades de salud: acérquense a las comunidades. Escuchen sus historias clínicas. Establezcan vigilancia epidemiológica, atención y seguimiento. Expliquen qué estudios corresponden a cada exposición y qué significan sus resultados. Una madre preocupada por la salud de su hijo necesita una ruta de atención accesible, con responsables y continuidad.
A las autoridades ambientales: identifiquen y controlen las descargas. Hagan públicos los resultados de las inspecciones y las medidas aplicadas. Expliquen cuáles plantas funcionan, qué contaminantes remueven y quién responde cuando dejan de operar. Cada descarga fuera de norma exige una intervención que pueda comprobarse.
A quienes deciden el presupuesto: aseguren recursos para operar, mantener y vigilar durante años. Una planta inaugurada necesita personal, energía, mantenimiento y supervisión después de la fotografía. La protección de una cuenca debe sobrevivir a los cambios de gobierno.
Por favor, comprendan la dimensión humana de sus calendarios. Cada prórroga se vive en una casa. Cada retraso prolonga la incertidumbre de alguien que trabaja, cocina, cuida a sus hijos y teme que el lugar donde vive esté poniendo en riesgo su salud y la de los suyos.
Y a quienes leemos esto desde una distancia cómoda: el Atoyac también requiere nuestra participación.
Podemos empezar esta semana. Solicitemos por escrito a las autoridades ambientales y sanitarias información sobre la calidad del agua, las descargas inspeccionadas y las medidas de protección en las comunidades. Pidamos fechas, responsables y resultados medibles. Conservemos los folios y demos seguimiento a las respuestas.
Acompañemos a las organizaciones y a los habitantes que llevan años defendiendo la cuenca. Escuchemos qué necesitan antes de decidir por ellos. Apoyemos la documentación de denuncias y la difusión de información verificada. Exijamos espacios públicos de seguimiento donde las comunidades puedan preguntar y las autoridades deban responder.
A las universidades, los colegios médicos y los medios de comunicación: ayuden a sostener esa vigilancia, traduzcan los hallazgos científicos a información comprensible e investiguen las responsabilidades. Vuelvan al tema después del anuncio y de la inauguración. Pregunten qué cambió para quienes viven ahí.
Nuestra participación debe fortalecer la exigencia hacia quienes tienen poder para detener la contaminación. Una comunidad que denuncia necesita respaldo; una empresa que descarga contaminantes debe responder por sus actos; una autoridad encargada de vigilar debe rendir cuentas por sus decisiones y omisiones.
El gobierno federal ha anunciado nuevas inversiones y acciones para recuperar el Atoyac. Esas intervenciones deben traducirse en menos contaminación y mayor protección para sus habitantes, con resultados públicos que permitan evaluar los avances.
La petición es urgente y concreta: agua segura donde haga falta, control de las fuentes contaminantes, atención médica para las personas expuestas y un calendario público que podamos vigilar.
Quienes habitan la cuenca tienen derecho a conocer los riesgos y a recibir protección mientras se recupera el río. Merecen que su salud pese más que una disputa partidista, que una negociación presupuestal o que la conveniencia de posponer una decisión.
A las autoridades: por favor, actúen con la urgencia que exigirían si sus propios hijos vivieran ahí.
A la sociedad civil: hagamos de esa exigencia una tarea sostenida. Preguntemos, documentemos, acompañemos y volvamos a exigir respuestas.
El próximo aniversario debe encontrarnos comprobando avances. Las familias del Atoyac ya han tenido suficientes pérdidas y han enterrado a demasiada gente.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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