Melissa Moreno Cabrera

La evidencia nunca alcanza cuando la víctima es mujer

Cuando la víctima es mujer, ni la evidencia más clara logra suspender la sospecha.

Por Melissa Moreno Cabrera

Ni la flagrancia basta cuando quien denuncia es mujer. Lo que debería sostener su testimonio se convierte en motivo de sospecha, y la duda se instala incluso donde hay pruebas.

Hay una verdad que incomoda: incluso cuando hay evidencia, a las mujeres no se les cree. Y cuando no la hay, peor. Los casos visibles sólo hacen más claro un patrón que afecta a todas, también a quienes nunca aparecerán en un video o en un titular.

Lo ocurrido en Madrid en noviembre pasado expone ese viejo mecanismo. Dos activistas de Femen protestaban a torso desnudo, como lo han hecho siempre, frente a una misa en homenaje a Franco cuando un hombre se acercó y las agredió sexualmente. Había prensa, policías y peatones. No había nada libre a la interpretación. Aun así, el debate terminó revisando “las formas”: que si el torso descubierto, que si la interrupción, que si “esas no son maneras” de protestar. Todo, menos hablar del agresor. La violencia fue clara; la deslegitimación, inmediata. Como escribe Rebecca Solnit, “la incredulidad hacia las mujeres es uno de los grandes mecanismos de la desigualdad”.

En México sucedió algo similar con Claudia Sheinbaum. Un hombre la sujetó e intentó besarla mientras caminaba por el Centro Histórico. El acto fue evidente, pero en cuestión de horas aparecieron los intentos de suavizarlo o desactivarlo: que si “sólo quería saludarla” o que “no fue para tanto”. Incluso circularon versiones que hablaban de un supuesto “montaje”, como si el acoso necesitara coreografía para existir. A esto se sumó la crítica a la falta de seguridad a su alrededor, convertida en argumento para insinuar que ella misma había provocado el riesgo por “no estar bien protegida”, al puro estilo de preguntar “cómo iba vestida”. La claridad del hecho no impidió que se desplazara la responsabilidad hacia ella, una táctica tan común como persistente.

Y aun así, no todas las violencias operan igual: hay agresiones físicas en el espacio público que se minimizan, y hay simbólicas que se disfrazan de “malentendidos” o “malas maneras” para restarles importancia.

El caso de Jenni Hermoso lo muestra con crudeza. Durante la celebración del Mundial Femenil, el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, la besó sin su consentimiento frente a cámaras, autoridades y millones de espectadores. La imagen fue inequívoca, pero la reacción institucional y mediática no se concentró en el abuso sino en cuestionar a la víctima: que si “fue un gesto de euforia”, que si “no fue para tanto”, que si ella misma lo había permitido o exagerado. A pesar de la evidencia pública, el proceso se desplazó hacia su comportamiento, su tono, sus declaraciones, su carácter. La violencia quedó relativizada; la mujer, puesta a prueba. La revictimización operó de nuevo: no importó lo ocurrido, sino cómo ella lo nombró, cómo lo resistió, cuánto incomodó al hacerlo.

Porque hay violencias que no se quedan en la humillación o el descrédito: escalan hasta su forma más brutal. En Jalisco, la agresión llegó a su extremo con el asesinato de Valeria Márquez, ocurrido el 19 de octubre de 2024, ejecutada en vivo mientras transmitía en su propio salón de belleza. Hubo un agresor directo, un arma y un crimen inmediato. Aun frente a lo innegable, surgieron insinuaciones encaminadas a desacreditarla, a revisar su vida para justificar su muerte. Y al final, la conversación terminó escarbando sin pudor en su vida (sus relaciones, a qué se dedicaba, con quién se veía) como si esa “inspección moral” pudiera explicar un feminicidio. La ruta de la culpa siempre se las arregla para volver hacia la víctima.

El caso de la joven que denunció a Dani Alves sigue la misma lógica. Con pruebas periciales, contradicciones del agresor y una condena judicial, la atención mediática terminó analizando su comportamiento previo, su vida personal, cualquier gesto que pudiera servir para invalidarla. La evidencia nunca alcanza cuando la víctima es mujer; a veces ni siquiera la ayuda: la ataca.

Cinco escenarios distintos, cinco violencias diferentes (sexual, simbólica, feminicida, mediática, institucional) seguidas por el mismo mecanismo: las mujeres cargan con una exigencia probatoria que ni la prueba más contundente logra satisfacer. La jurista Samanta Funes lo resume con claridad: “la justicia sigue exigiendo a las mujeres pruebas que no se le pedirían a ningún otro denunciante”. En el papel, la ley ordena juzgar con perspectiva de género; en la práctica, el sistema sigue operando desde la sospecha.

¿Y qué queda para lo que no se registra? Lo que ocurre sin cámaras, sin flagrancia, sin nombres conocidos. Ahí, la mujer enfrenta un sistema que le pide pruebas inexistentes y testigos ilusorios o que nunca hubo. En México, según Impunidad Cero, el 88.3% de los delitos denunciados quedan impunes. No sorprende que muchas víctimas no denuncien.

Por eso debe recordarse que la respuesta hacia las víctimas conocidas marca el estándar para todas las demás. Si a ellas, visibles, grabadas, poderosas, se les duda, se les desacredita, se les revictimiza, el mensaje para quienes denuncian en silencio es aún más claro: si la evidencia no basta, la falta de ella se vuelve una culpa automática.