Respira
Por Mónica Calles Miramontes*
“Hoy vengo con el corazón destrozado, porque me arrebataron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos… callaron su voz, pero no su lucha”. Son las palabras con las que Grecia Quiroz rindió protesta como alcaldesa de Uruapan, Michoacán.
Grecia Quiroz no llegó a la presidencia municipal por haber ganado, sino por haber perdido. El cargo que hoy ejerce es el resultado del vacío y dolor que deja la violencia cuando cobardemente apaga una vida, pero enciende el coraje, la indignación y la responsabilidad de continuar un legado.
Hoy es representante del pueblo de Uruapan; no solo encabeza un Ayuntamiento, sino una lucha política y el “Movimiento del Sombrero”, y también es la voz de millones de mexicanos que exigimos que el asesinato de Carlos Manzo no quede impune.
Por supuesto, la voz de Grecia ya incomodó al poder; pensaron que el trabajo de Carlos se iría con él y ella ha dejado claro —desde el primer momento— que no será así.
Ahora, en el recinto legislativo y en Palacio Nacional le temen a los sombreros, porque se volvió un símbolo que les intimida. Nunca le han apostado a la verdad y a la justicia, sino al olvido.
Grecia representa una amenaza para muchos y, desde que asumió el cargo, ha sido blanco de agresiones e intentos por desacreditar su lucha política y social.
Este es el contexto dentro del cual, días después de que Grecia asumió el cargo, el senador Fernández Noroña utilizó sus redes sociales para demeritar su actividad política y sus protestas, calificándola de "irresponsable", "ambiciosa", "ultraderechista", "fascista" y "ruin", criminalizando el hecho de que pretenda continuar su carrera política.
Las agresiones de Noroña no fueron aisladas, sino constantes, e incluso llegó a utilizar el recinto legislativo para ello.
Por lo anterior, a mediados de febrero pasado, Grecia Quiroz presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán contra Fernández Noroña por violencia política en razón de género, y el Instituto dictó medidas cautelares ordenándole que eliminara de sus videos estas referencias a la alcaldesa.
Aterricemos algunos elementos importantes en todo esto: los comentarios de Noroña no son como esos tuits ciudadanos o mensajes privados de WhatsApp que suelen perseguir los tribunales electorales. Se trata de un senador del partido que hoy controla todo el poder, con acceso preferente a los medios de comunicación y una investidura de privilegios. Todo inmerso en un brutal clima de violencia que se vive en Michoacán —del que ya es víctima Grecia Quiroz—.
A pesar de ello, el pasado 16 de abril, el Tribunal Electoral de Michoacán —por mayoría de tres de las cinco magistraturas que lo integran— decidió que la alcaldesa de Uruapan no existe para los tribunales electorales, porque no fue electa por voto popular, sino nombrada por el Congreso para ocupar el cargo que tenía Carlos Manzo.
Es decir, consideraron que las instituciones electorales ni siquiera son competentes para atender sus denuncias y que a ella la ley no la protege contra la violencia política.
¡Qué aberración! Para el Tribunal Electoral, los derechos humanos, los derechos político-electorales, son inherentes a los votos, no a las personas.
Sí, es verdad: Grecia no llegó a su cargo por lo que los votos le dieron, sino por lo que las balas le arrebataron. Y esto no la hace menos presidenta; representa a Uruapan, sus derechos y obligaciones son los mismos que si hubiera sido electa en urnas.
El hecho de que una persona sea nombrada en sustitución no significa que haya sido excluida de la protección de las leyes electorales, o que sus derechos hayan dejado de ser de naturaleza político-electoral.
Los argumentos de quienes avalaron esta decisión son indignantes, porque no nacen de un mal criterio, sino de una profunda ignorancia y del servilismo de una justicia que hoy no le sirve a la ciudadanía ni a las víctimas, sino a un régimen y a los funcionarios que usan el poder para violentar a quienes ya han sido violentados.
Basta recordar que estas magistraturas fueron impuestas justamente hace un año por Morena, cuando el Senado de la República, sin el más mínimo consenso, nombró a 56 magistraturas electorales en 30 entidades del país.
Por eso, esta sentencia es la respuesta de un sistema de justicia politizado y sometido. No es derecho, es un pago de favores.
Es grave lo que está ocurriendo en México: en los órganos de justicia ya no queda independencia, solo hay sometimiento al poder político. Así que los mexicanos estamos pagando por tribunales que dictan sentencias a la medida de su miedo y sumisión. Estamos pagando el sueldo de funcionarios que destruyen la democracia y dejan al pueblo de México sin defensa de sus derechos.
Grecia tiene el derecho a que los tribunales le garanticen el ejercicio de su cargo público libre de violencia. Ella no fue electa en las urnas porque no tuvo esa oportunidad; pero eso no la condena. Cuenta con el respaldo popular de Uruapan y de millones de mexicanos.
De la ciudadanía depende si seguimos pagando para mantener a magistrados que solo cuidan a un régimen autoritario o si nos unimos para exigir un sistema de justicia que nos proteja. Pero, si elegimos la apatía, tengamos la certeza de que un día terminaremos financiando nuestra propia persecución.
*Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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