Por Nallely Corro Campos
Las ciudades son el reflejo de decisiones tomadas muchos años atrás. Los hoteles, fraccionamientos, infraestructura o espacios comerciales comenzaron mucho antes de colocar el primer ladrillo. Todo inició cuando una serie de decisiones definió qué proyectos serían viables, dónde se desarrollarían y cómo evolucionaría una comunidad.
Algunas de esas decisiones corresponden al sector público. Planear el territorio, desarrollar infraestructura y establecer un marco regulatorio que otorgue certidumbre son condiciones indispensables para el desarrollo. Otras pertenecen a la iniciativa privada, que aporta inversión, innovación y capacidad de ejecución para convertir esa visión en proyectos tangibles. Ninguno de los dos puede sustituir al otro. El crecimiento de una región depende de la capacidad del sector público para crear las condiciones adecuadas y de la iniciativa privada para transformarlas en inversión, empleo, actividad económica y oportunidades para las comunidades.
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