A 11 años del Casino Royale, ¿el comienzo del perdón?

Por Laura Ballesteros Mancilla

En memoria de las víctimas.

El daño está hecho, cuando pierdes a una persona amada no hay mucho que los responsables puedan hacer para remediarlo. ¿Qué pueden darte que las traiga de regreso? Más aún cuando hubo dolor u omisión en sus actos. Sin embargo, cuando los involucrados en la tragedia son entes públicos, las disculpas se convierten en una forma de comenzar la reparación del daño hecho a las víctimas, no son suficientes, ni concluyentes, pero son un inicio. Pueden significar además el comienzo del perdón, uno que alcance para empezar a reconstruir una relación rota entre las personas y sus gobiernos, razón suficiente para buscar encontrarnos a través de ellas.

La corrupción condenó a las víctimas del Casino Royale, no hay más que agregar. De haber actuado el Estado en todos sus niveles y responsabilidades, muchas personas hubieran podido salvar la vida ante el atentado. Y es que nuestro país se cimbró el 25 de agosto del 2011 cuando, en Monterrey, grupos de narcotraficantes atentaron contra la vida de las personas que se encontraban dentro del casino. Doce hombres armados arrojaron granadas y provocaron un incendio con consecuencias fatales, donde cincuenta y dos personas murieron, entre las cuales se encontraban 10 mujeres. Las víctimas no tuvieron oportunidad para salvar la vida tras el atentado, el inmueble no contaba con salidas de emergencia en el segundo piso, mucho menos con inspecciones registradas por parte del gobierno en funciones, es más, para acabar pronto, no contaban ni con diversos permisos para operar. Sí, hay responsabilidad pública en esto, y es sistémica, pone en evidencia todo lo que está mal en el sistema de gobierno en este país.

Ese casino nunca debió de haber operado, pero vamos por el principio, porque todos los entes involucrados fallaron. Durante las investigaciones se encontró que existía una clausura municipal hecha en el estacionamiento y no en el casino, porque mañosamente se registraron expedientes catastrales distintos. Se detectó también la colindancia con una escuela, razón suficiente para que la autoridad municipal no autorizara un centro de apuestas ahí, debido a que el reglamento en la materia menciona una distancia mínima de 200 metros. Pero eso no es todo, la corrupción sistémica entró en funciones. Cuando por fin la administración clausuró el centro de apuestas en mayo de ese año, debido a irregularidades detectadas en su operación, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó retirar sellos de clausura, al otorgar al Royale un amparo, por lo que pudo seguir funcionando.

La Secretaría de Gobernación también falló. La Comisión designada en el Congreso Federal señaló en el informe preliminar que el establecimiento funcionaba de manera ilegal y que hay constancia de claras violaciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Ley de Desarrollo Urbano Estatal, la Ley de Alcoholes y varios reglamentos municipales. No se encontraron nunca las bases de datos que acreditaban los permisos. Durante sexenios se otorgó una numerosa cantidad de permisos para la operación de casinos y casas de apuestas, y eso tuvo consecuencias.

El atentado al Casino Royale puso al descubierto la corrupción más grave, la que mata. A través de una red de complicidades entre propietarios de casinos y autoridades federales y municipales para realizar negocios ilegales e irregulares al amparo del poder público. Esa es la otra cara de la tragedia ocurrida en Monterrey, una que hace 11 años arrebató a 52 familias sus seres queridos. Y que opera en temáticas diversas.

Por eso la importancia de las disculpas públicas colegiadas de diversas autoridades, como un reflejo de un reconocimiento común y compartido de los crímenes del pasado. En ellas debe de acreditarse un aprendizaje para dar garantía de no repetición y lograr así una línea de consensos para cumplir con las obligaciones que se tienen hacia las víctimas, ayer, hoy y mañana. Por eso que hoy el Estado Mexicano, a través de sus distintos niveles de gobierno, representados por el Alcalde Monterrey Luis Donaldo Colosio, y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, puede abrir un proceso de perdón que sólo las víctimas pueden otorgar, pero que obliga a las autoridades a establecer un nuevo pacto social. Estamos obligadas a construirlo.

@lballesterosm

Laura Ballesteros Mancilla es Secretaria de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.

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