La muerte de 49 niños no fue suficiente

Lourdes Encinas Moreno*

La historia no necesita adjetivos, habla por sí sola: hace 13 años, un incendio originado en una bodega ocupada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora se propagó a la contigua guardería ABC, subrogada por el IMSS a particulares, en Hermosillo, Sonora (al noroeste de México).

Las deficiencias estructurales y falta de supervisión en ambos inmuebles, hicieron que el fuego se propagara tan rápido, que no dio tiempo para el rescate. Como consecuencia, 49 niñas y niños fallecieron y 104 resultaron con lesiones en diversos grados, todos menores de cuatro años.

Cuando la noticia irrumpió en la sala de redacción del medio en el que trabajaba, yo sí creí que, como reportera, les contaría una historia diferente.

Ante la gravedad de lo ocurrido, yo sí creí que se rompería el paradigma de cómo los gobernantes asumen su responsabilidad pública, que las investigaciones serían precisas y efectivas, que no se le daría cabida a la impunidad.

Lo cierto es que fui ingenua.

A lo largo de estos trece años, les he venido contando la misma historia de siempre.

Independientemente de si el origen del fuego en la bodega de Hacienda fue intencional o un accidente, lo ocurrido el 5 de junio de 2009 fue producto de una falla institucional en el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social y en los de Protección Civil estatal y municipal.

Cuando la falla es de sistema, la responsabilidad no puede recaer solo en los eslabones menores de la cadena de mando, sino en las cabezas, en quienes están en posibilidad de cambiarlos, como señaló entonces el ministro de Arturo Zaldívar, a quien correspondió elaborar el dictamen sobre la investigación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó para determinar si se violaron las garantías individuales de los menores.

Nadie le ha reclamado a Felipe Calderón y a Eduardo Bours –presidente de México y gobernador Sonora en aquel momento– que ellos personalmente tuvieran que ir a revisar si había extinguidores, sino la falla de los sistemas de los que estaban al frente, y que asumieran su responsabilidad pública y ética por lo ocurrido.

Los dos perdieron la oportunidad histórica de ponerse por encima de las circunstancias y romper el paradigma con el que se asume la responsabilidad pública en México, misma que no debe verse como un privilegio, sino como un enorme compromiso. Eso les hubiera dado otra estatura política y les hubiera evitado el repudio popular.

Pero prefirieron caer en lo de siempre: evadirse culpando al otro. Derivado de ese enfrentamiento, el desorden alcanzó a la investigación, que desde un inicio fue desaseada, con errores que en otro país hubieran sido intolerables.

Es inadmisible que 13 años después, la Fiscalía General de la República todavía no concluya investigación para esclarecer el origen del incendio, y que ni los padres de los niños ni la sociedad tengamos certeza de cómo ocurrieron los hechos.

Lo es también que apenas en marzo pasado se hayan resuelto los amparos sobre las sentencias a los 22 procesados por el caso, resultando en la exoneración de 12 de ellos y en la reducción de penas a los 10 restantes, de 29 a 5 años de prisión, en promedio.

Todo esto le ha abierto la puerta a la impunidad, porque no me diga que aquí ha habido justicia.

Dejar sin castigo este tipo de casos, ha propiciado que otras tragedias originadas en la negligencia y la corrupción sigan ocurriendo, como la de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Total, los altos funcionarios salen siempre bien librados.

La muerte de 49 niños y las lesiones de 104, no fueron suficiente para que las cosas cambiaran en México y horroriza pensar qué es entonces lo que tiene que pasar.

Tampoco fue suficiente para provocar un cambio en la conciencia colectiva de la sociedad, que salió en masa para apoyar a las familias en el dolor por la pérdida, pero cuya exigencia de justicia poco a poco se ha ido diluyendo en el olvido.

Lo que ha hecho diferente esta historia es el papel de las madres y padres de los niños, quienes no han dejado de luchar, que han hecho sus propias investigaciones, que han impulsado leyes para evitar que un suceso similar se repita. Por eso, merecen que no se les deje solos.

Cierro este comentario, ya sin ninguna expectativa y viendo como el presidente Andrés Manuel López Obrador está siguiendo el mismo camino que sus antecesores, haciendo compromisos con las familias de las víctimas que, dicho por estas, no se están cumpliendo.

Mientras tanto, mi cobertura sobre el caso ABC no termina con este texto, sigue en tanto el caso siga abierto… Y sigue, como inició: con un nudo en la garganta.

@lojesa

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