Por Pamela Cerdeira

Era marzo, el precio del jitomate estaba por los cielos. El precio del jitomate como todos los perecederos obedece a la oferta y la demanda, había mucha demanda, poca oferta y el bolsillo del consumidor es el primero en pagar las consecuencias. El tema se convirtió en prioridad nacional y la presidenta dijo en abril: “¿Cómo es posible que en tiendas del ISSSTE el jitomate esté a 20 pesos y en Walmart a 80 o 100 pesos?” La presidenta sabía que el aumento de precio se debía a la escasez de producto, porque así lo explicó en marzo. Sin embargo, su pregunta me encendió la curiosidad, así que le pregunté a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a SuperISSSTE a quién y en cuánto le compraba el jitomate.

Me soprendió que la dependencia pidiera más tiempo para responder, pues de saque los contratos tendrían que ser públicos. Así, meses después, me contestaron que no, que no iban a dar la información. El argumento parece escrito por alguien con experiencia legal de particulares, pues contestó como si SuperIssste fuera Walmart. Me dijeron que los datos constituían secretos comerciales y que si su competencia los conocía podrían desde copiarles la estrategia hasta generar una distorsión en los precios. Es el delirio de grandeza más caricaturesca que le he escuchado a la 4T. Pero fuera de ello, los datos deben ser públicos, porque son compras públicas.

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