Por Pamela Sandoval*

A finales de abril, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos publicó su Reporte Especial 301 de 2026 y retiró a México de la Priority Watch List —la categoría de mayor preocupación en materia de propiedad intelectual— para ubicarlo en la Watch List. El secretario de Economía lo celebró como una buena señal de cara a la revisión del T-MEC. Y técnicamente lo es. Pero la celebración es prematura si no se lee la letra chica.

La mejora no fue gratuita. Como condición para bajar de categoría, la USTR pidió que México presentara al Congreso, en un plazo de 30 días, reformas al Código Penal Federal para combatir la piratería y reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para atacar infracciones en internet. Esas reformas están pendientes. Lo que eso significa es que el marco jurídico en materia de derechos de autor digitales está a punto de moverse otra vez.

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