Respira
Por Patricia Mercado
El debate sobre el derecho a una muerte digna en México ha dejado de ser una cuestión teórica o filosófica. Es, ante todo, un asunto de derechos humanos y un reto para la salud pública, que se manifiesta en experiencias complejas de sufrimiento físico y emocional para miles de personas.
La discusión abarca desde los cuidados paliativos hasta el suicidio asistido, y exige un diálogo entre perspectivas médicas, jurídicas, filosóficas y políticas. Frente a enfermedades crónicas y terminales, surge una pregunta fundamental: ¿qué le da valor a la vida humana? Desde un enfoque de derechos humanos, la respuesta apunta a dos pilares: la libertad —como autonomía para decidir sobre la propia vida— y la integridad —como capacidad real de ejercer esa decisión—.
Como ha señalado la especialista María de la Luz Luna Malvido, la muerte digna no es una concesión del Estado, sino un mandato ético que debe protegerse ante el desgaste de la vida, especialmente cuando este deterioro afecta incluso la capacidad de decidir o comunicarse.
Esto implica reconocer que las convicciones de terceros no pueden imponer a una persona la obligación de soportar la pérdida de sus facultades, de su autonomía o de su calidad de vida. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para avanzar en esta agenda ha sido la influencia de asociaciones religiosas en la toma de decisiones públicas. Aunque tienen derecho a difundir sus ideas, no pueden determinar el destino de quienes no comparten esas creencias en un Estado laico.
Fortalecer la laicidad es indispensable para garantizar que las decisiones se basen en derechos y no en doctrinas. En una sociedad plural, el reconocimiento de la muerte digna no puede depender de dogmas, sino de la autonomía de cada persona. Imponer una visión moral única desde la ley sería un retroceso que afectaría, sobre todo, a los sectores más vulnerables.
Además, este debate tiene una dimensión de género. Históricamente, las mujeres han asumido de manera no remunerada las tareas de cuidado, lo que les ha permitido conocer de cerca el desgaste físico y emocional que implican las enfermedades crónicas y terminales. Por ello, la muerte digna se vuelve un tema central en el contexto de las agendas feministas.
Hoy existen condiciones sociales y jurídicas para avanzar. Encuestas muestran que la mayoría de las personas valoran morir sin sufrimiento, en paz y con posibilidad de despedirse. Esta intuición refleja una comprensión básica: el sufrimiento impacta no solo a quien lo padece, sino también a su entorno.
México ya cuenta con avances importantes. La Constitución de la Ciudad de México reconoce que el derecho a una vida digna implica el derecho a una muerte digna, y la Suprema Corte ha validado este principio. Esto abre la puerta a su reconocimiento a nivel federal.
Para implementar este derecho, se requiere un modelo integral con tres ejes fundamentales. Primero, garantizar cuidados paliativos efectivos. No puede hablarse de una elección libre si el dolor no está adecuadamente atendido. Hoy existe un rezago importante en el acceso a medicamentos esenciales, lo que obliga a muchas personas a recurrir a vías judiciales.
Segundo, formalizar la voluntad anticipada. Es necesario establecer protocolos claros que permitan a las personas decidir con anticipación sobre tratamientos que prolonguen artificialmente su vida, evitando decisiones arbitrarias o conflictos en momentos críticos.
Tercero, reconocer la eutanasia activa como parte del derecho a la muerte digna. La legislación actual limita este debate al estado terminal, pero debería incluir enfermedades avanzadas o degenerativas que afecten gravemente la autonomía. Mantener la prohibición implica privilegiar el sufrimiento sobre la voluntad de las personas.
La experiencia internacional muestra que es posible avanzar. Países como Colombia han reconocido el derecho a morir dignamente como fundamental, mientras que Ecuador ha dado pasos hacia la despenalización de la eutanasia activa. Estos casos evidencian que el derecho comparado está superando la interferencia de intereses particulares en decisiones profundamente personales.
Además, la falta de regulación tiene efectos sociales y económicos, especialmente para las mujeres, quienes suelen asumir los cuidados, enfrentando pérdida de ingresos, patrimonio y oportunidades. Por ello, garantizar una muerte digna también contribuye a reducir impactos negativos en las familias.
La medicina debe estar al servicio del bienestar. Cuando la muerte es inevitable, el objetivo no puede ser prolongar el sufrimiento, sino aliviarlo. No se trata de promover la muerte, sino de evitar condiciones inhumanas en el proceso de morir.
México tiene una oportunidad histórica de avanzar en esta materia. Legislar sobre la muerte digna implica diseñar reglas que permitan a las personas tomar decisiones informadas, libres y seguras en momentos de extrema vulnerabilidad. La vida digna incluye el derecho a una muerte digna, entendida como la posibilidad de cerrar la propia historia en coherencia con los valores personales.
Como ha planteado la académica Asunción Álvarez del Río, la vida no es solo biología, sino biografía. Permitir que cada persona sea autora del último capítulo de su vida es, en esencia, reconocer su dignidad.
No podemos evitar la muerte, pero sí podemos evitar que llegue acompañada de sufrimiento innecesario.
Consulta y descarga de manera gratuita el texto completo de Patricia Mercado, incluido en la publicación Eutanasia en México: la muerte digna a debate.
Eutanasia en México: la muerte digna a debate es una publicación colectiva coordinada por Práctica: Laboratorio para la Democracia en alianza con la Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Coalición Muerte Digna ¡Ya!.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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