Respira
Por Serene Juárez*
En México, la desaparición de personas dejó de ser hace mucho tiempo una cifra fría o un asunto aislado. Hoy es una herida abierta que atraviesa miles de hogares y que ha obligado a madres, padres, esposas e hijos a convertirse en investigadores, rastreadores y defensores de derechos humanos ante la ausencia de respuestas institucionales.
La reciente solicitud de colectivos encabezados por FUUNDEC-M para que la Organización de las Naciones Unidas agilice la revisión de la crisis de desapariciones en el país representa mucho más que un trámite internacional. Es el reflejo del cansancio acumulado de familias que llevan años buscando en fosas, brechas, desiertos y oficinas gubernamentales sin obtener verdad ni justicia.
El hecho de que el Comité contra la Desaparición Forzada haya decidido llevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional no es menor. Se trata de un procedimiento inédito que evidencia la gravedad de una problemática que, según organismos internacionales, presenta indicios de ser generalizada o sistemática.
Las cifras estremecen: más de 132 mil personas desaparecidas y más de 70 mil restos humanos sin identificar. Detrás de cada número existe una historia interrumpida, una silla vacía en la mesa y una familia atrapada entre la esperanza y el dolor. Sin embargo, quizá lo más alarmante es que muchas de las búsquedas continúan dependiendo casi exclusivamente del esfuerzo de los propios familiares.
México no puede acostumbrarse a vivir con esta tragedia. Tampoco puede normalizar que sean las madres quienes, pala en mano, recorran terrenos en busca de indicios mientras las instituciones avanzan con lentitud burocrática. El desgaste físico y emocional que denuncian los colectivos es real y devastador. Muchas personas buscadoras han muerto sin conocer el destino de sus seres queridos.
La intervención de la ONU podría convertirse en una oportunidad histórica para fortalecer mecanismos internacionales de protección y para presionar al Estado mexicano a asumir con mayor responsabilidad una crisis que ha lastimado profundamente el tejido social. Pero ningún pronunciamiento internacional tendrá valor suficiente si no existe voluntad política para garantizar investigaciones efectivas, identificación forense y acompañamiento digno a las víctimas.
La desaparición forzada no sólo arrebata personas; también consume la tranquilidad, la salud y la vida de quienes se quedan buscando. Y mientras esa deuda siga pendiente, México continuará enfrentando una de sus crisis humanitarias más dolorosas.
#HASTAENCONTRARLOS
#PORQUELOSBUSCAMOS, PORQUELOSAMAMOS
*Serene Berenice Juárez Flores es activista y defensora de derechos humanos en Coahuila, portavoz del colectivo Alas de Esperanza. Su labor se centra en acompañar a familias de personas desaparecidas, impulsada por la búsqueda de su hermano Miguel Ángel Juárez Flores. Ha representado a colectivos de Coahuila en foros nacionales e internacionales y, desde 2023, forma parte de la red más grande de Latinoamérica “Constituyentes”.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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