Respira
Por Sofía Guadarrama Collado
El lunes 20 de abril de 2026, Teotihuacán se vio cubierto por una sombra de pólvora. Aquel recinto fue tomado por una violencia súbita. En la cima de la Pirámide de la Luna (nombrada por los mexicas como Metztli itzacual, «encierro de la Luna»), un hombre descargó fuego sobre los visitantes, y el antiguo basamento quedó marcado por el sobresalto de la sangre y las balas. Murió una turista canadiense; trece personas quedaron heridas —niños entre ellas, viajeros venidos de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Rusia y Canadá—.
Pero el episodio no quedó reducido al parte criminal ni a la contabilidad de víctimas. Abrió una fisura más honda: mostró la vulnerabilidad del patrimonio cuando el Estado lo custodia con inercias administrativas y respuestas improvisadas. Bajo la solemnidad del basamento quedó expuesta la precariedad de los protocolos, la ausencia de dispositivos tácticos capaces de contener una crisis sin transformar el sitio en campo de gotcha. La tragedia hizo visible algo más perturbador: que incluso las piedras ceremoniales, construidas entre los años I y 150 de nuestra era, sobrevivientes al tiempo y a devastaciones, pueden quedar a merced de la torpeza contemporánea.
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