Respira
Por Sofía Pérez Gasque Muslera
Nos han vendido la inteligencia artificial como una revolución casi mágica. Una tecnología capaz de escribir, diagnosticar, programar, producir y transformar industrias enteras en segundos. Hablamos de productividad, innovación y competitividad, pero rara vez nos detenemos a pensar en algo mucho más elemental: cada vez que le pedimos algo a la inteligencia artificial, en algún lugar del mundo hay una infraestructura física trabajando para responder. Y esa infraestructura necesita electricidad, agua en determinados sistemas de enfriamiento, suelo, inversión y redes capaces de sostenerla.
La inteligencia artificial podrá parecer intangible, pero su economía es profundamente material. Y México está entrando a esa discusión sin haber resuelto todavía una pregunta fundamental: ¿quién debe asumir los costos de construir la infraestructura que hará posible el futuro digital?
En octubre de 2026, The Economist publicó un análisis sobre la creciente resistencia de comunidades estadounidenses a la instalación de centros de datos. Lo interesante no es que exista oposición al desarrollo tecnológico, sino las razones detrás de ella. Los habitantes no están necesariamente preocupados por los algoritmos ni por una rebelión de las máquinas. Les inquietan asuntos mucho más cercanos: el precio de la electricidad, el uso del agua, el valor de sus viviendas y la posibilidad de que una inversión multimillonaria transforme su entorno sin mejorar proporcionalmente su calidad de vida.
La publicación encontró, mediante un análisis de encuestas, que las personas que viven cerca de un centro de datos mostraban una mayor inclinación hacia los demócratas que quienes viven más lejos. No demuestra que los centros de datos causen por sí mismos un cambio de preferencia política, pero revela algo importante: la infraestructura digital está dejando de ser una conversación exclusiva de ingenieros e inversionistas para convertirse en un asunto de política pública, distribución económica y legitimidad social.
México debería prestar atención.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumieron aproximadamente 415 teravatios-hora de electricidad en 2024, equivalentes al 1.5% de la demanda mundial. Su escenario central proyecta que ese consumo podría alcanzar alrededor de 945 teravatios-hora en 2030. No toda esa electricidad corresponde a inteligencia artificial, pero la IA es uno de los principales motores del crecimiento esperado. La dimensión global todavía parece manejable; el problema es que esa demanda no se distribuye de manera uniforme. Se concentra en territorios específicos, donde puede representar una presión considerable sobre las redes eléctricas.
Y aquí aparece la paradoja mexicana: queremos convertirnos en un destino estratégico para la economía digital, pero atraer capital no equivale automáticamente a tener la infraestructura necesaria para recibirlo.
En septiembre de 2025, el Gobierno de México anunció una inversión de 4,800 millones de dólares de CloudHQ para desarrollar seis centros de datos en Querétaro. El proyecto contempla una capacidad eléctrica de hasta 900 megavatios, aunque esa cifra corresponde al desarrollo completo, no a su consumo actual. En el anuncio se informó que la energía inicial para los primeros 200 megavatios ya estaba asegurada mediante coordinación con CFE y Cenace. También se comunicó que las instalaciones utilizarían tecnología de enfriamiento sin agua y que podrían generar 7,200 empleos durante la construcción y 900 puestos permanentes.
Es una inversión relevante. Sería absurdo minimizar su potencial para ampliar la capacidad tecnológica del país. Pero precisamente por su importancia merece una discusión más sofisticada que celebrar la cifra y pasar a la siguiente fotografía.
¿Cuánto costará ampliar las redes de transmisión y distribución necesarias para atender proyectos de esta escala? ¿Qué parte financiarán los desarrolladores y cuál corresponderá a inversiones públicas? ¿Cómo se protegerá la confiabilidad del suministro para hogares, pequeñas empresas e industrias existentes? ¿Cuántos proveedores mexicanos podrán integrarse a las cadenas de valor? ¿Cuánto conocimiento y talento especializado quedará en el país?
Estas preguntas no implican que las empresas estén trasladando actualmente sus costos a los ciudadanos. Implican que necesitamos reglas y transparencia para evitar que ocurra.
Durante décadas hemos evaluado el éxito de la política económica a partir de cuánto dinero logra atraer un territorio. Si una empresa anuncia miles de millones de dólares, asumimos que el desarrollo está garantizado. Pero una inversión puede elevar la actividad económica sin distribuir sus beneficios de manera suficiente. Puede construir infraestructura de primer nivel mientras los negocios de alrededor continúan enfrentando restricciones de energía, conectividad o financiamiento. Puede crear empleos altamente especializados sin que exista una estrategia local capaz de formar a las personas que podrían ocuparlos.
El verdadero indicador de éxito no debería ser únicamente cuánto capital llegó, sino qué capacidades nuevas adquirió el país gracias a ese capital.
Hay otra dimensión que merece atención. Los centros de datos no tienen todos el mismo impacto ambiental. Existen diferencias importantes entre tecnologías de enfriamiento, fuentes de electricidad, eficiencia operativa y ubicación. Por eso sería incorrecto afirmar que todos consumen enormes cantidades de agua o que inevitablemente encarecerán la electricidad. Pero también sería ingenuo asumir que una promesa de sostenibilidad sustituye la necesidad de medir, verificar y transparentar sus resultados.
La competitividad del siglo XXI necesitará algo más que incentivos para atraer inversiones. Necesitará contratos claros sobre infraestructura, planeación energética de largo plazo, mecanismos de participación comunitaria, indicadores públicos de consumo y compromisos verificables de formación de talento y proveeduría nacional.
Y necesitará una nueva manera de entender la responsabilidad empresarial. Una compañía puede cumplir todas sus obligaciones legales y, aun así, enfrentar un conflicto social si la comunidad percibe que los beneficios del proyecto son privados y sus riesgos colectivos. La licencia social para operar ya no se consigue solamente anunciando empleos. Se construye demostrando que el desarrollo también mejora las condiciones del territorio donde ocurre.
Esto es especialmente importante para México porque la inteligencia artificial no debería convertirse en otra industria en la que participamos principalmente aportando espacio, recursos e infraestructura, mientras la mayor parte del conocimiento, la propiedad intelectual y el valor económico se generan en otra parte.
Nuestro objetivo tendría que ser mucho más ambicioso: aprovechar estas inversiones para desarrollar talento mexicano, fortalecer empresas proveedoras, impulsar investigación aplicada y facilitar que nuestras propias industrias utilicen inteligencia artificial para elevar su productividad.
La discusión tampoco debería reducirse a elegir entre tecnología y medio ambiente, o entre inversión extranjera y bienestar local. Es una falsa disyuntiva. El desafío consiste en diseñar condiciones para que esas prioridades puedan avanzar juntas y en reconocer que, cuando existen costos, alguien tiene que asumirlos de manera explícita.
La inteligencia artificial promete transformar la economía. Y probablemente lo hará. Pero ninguna transformación tecnológica garantiza por sí misma una distribución justa de sus beneficios.
México tiene la oportunidad de participar en la construcción de la infraestructura digital del futuro. Lo que no puede permitirse es repetir una vieja costumbre: confundir la llegada de grandes inversiones con la llegada automática del desarrollo.
Porque la pregunta más importante no es cuántos centros de datos podemos construir.
Es quién se beneficiará de ellos, quién financiará las condiciones para que funcionen y qué recibirá México a cambio.
La inteligencia artificial no es gratis. El verdadero riesgo es que terminemos pagando por el futuro sin asegurarnos de participar en sus beneficios.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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