Extorsión: el reto empieza en los penales.

Por Sophia Huett

Una fiscalía local investigaba una serie de extorsiones cuando descubrió que todas las llamadas provenían del mismo origen: un penal ubicado en un estado vecino. Frente al hallazgo, en lugar de interponer una denuncia formal o exigir acciones contundentes, optaron por hacer una llamada de cortesía. Esta vía informal, aunque diplomática, resulta insuficiente frente a un delito que requiere respuestas estructurales. Minimizar la reacción ante un hecho como este implica dejar abierta la puerta a que continúe la operación delictiva desde el interior de los penales, sin consecuencias claras ni soluciones de fondo. Un gesto diplomático, casi tímido, para ver si por fin aquellos ponían a funcionar los inhibidores de señal.

Este caso refleja uno de los grandes retos que enfrentamos hoy en materia de seguridad: la urgencia de poner orden en los centros penitenciarios y unificar desde el centro los esfuerzos. Muchas extorsiones, especialmente las telefónicas, se originan desde el interior de los penales. Ahí donde debería haber control y disciplina, hay brechas que permiten que la delincuencia actúe a distancia, con un celular y una base de datos que fue vendida por un ente privado, muchas veces adquirida en el mercado informal a partir de filtraciones, descuidos institucionales o servicios con escasa regulación. La falta de controles y normativa clara sobre la protección y venta de datos personales sigue siendo un terreno pendiente. 

Saber con claridad cuántas de las extorsiones provienen de estos lugares y cortar ese flujo desde su origen no solo ayudaría a frenar una parte importante del problema, sino que permitiría enfocar mejor los esfuerzos institucionales en atender aquellas extorsiones que sí representan un riesgo real y directo para las personas.

Hoy la extorsión es uno de los delitos más extendidos, y también uno de los menos denunciados. Pero también vemos, por primera vez en un buen tiempo, una voluntad federal y consciencia de que representa un grave daño a la ciudadanía, reflejada en acciones como el anuncio del nuevo plan nacional contra la extorsión, la revisión del funcionamiento de los inhibidores de señal en penales y la coordinación con plataformas de telefonía para rastrear y bloquear llamadas sospechosas.

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