Respira
Por Sophia Huett
El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón en el Valle de Apatzingán, no es un hecho aislado. Es un punto de quiebre que refleja un problema mucho más profundo: la capacidad del crimen organizado para sustituir al Estado en los espacios donde éste se retira.
En Michoacán, el limón se volvió emblema de esa captura criminal.Los grupos armados no solo controlan el precio o el transporte: imponen cuotas por kilo, cobran por cada caja, regulan la producción y castigan la disidencia.El resultado es una economía dual: una que tributa al Estado y otra que paga al crimen.
Y el costo de esa estructura —la extorsión, la violencia, la inseguridad— lo pagan todos: el productor, que recibe menos por su cosecha, y el consumidor, que paga más por cada kilo en el supermercado. Es un impuesto invisible que se disfraza de inflación y erosiona tanto la economía rural como la confianza ciudadana.
Sin embargo, esta no siempre fue la historia. En 2014, luego de años de extorsiones y violencia, los limoneros de Apatzingán lograron fijar su propio precio por primera vez en mucho tiempo. Lo hicieron con respaldo institucional, acompañamiento policial y presencia permanente del Estado. Fue una muestra de lo que ocurre cuando las autoridades no solo reaccionan, sino que permanecen: el mercado se ordena, el productor recupera margen y el crimen pierde terreno.
Pero esa continuidad se perdió. Las lagunas de autoridad fueron llenadas de inmediato por quienes sí se mantienen siempre: los grupos delictivos.
La historia reciente demuestra que cuando el Estado se ausenta, alguien más ocupa su lugar. Y en regiones rurales, esa sustitución no es abstracta: se traduce en cobros, amenazas y control social.
Por eso el caso Bravo debe verse como una advertencia y una oportunidad.A partir de aquí, hay tres escenarios posibles.
El primero es el de la continuidad criminal, donde la extorsión se asume como un costo más del negocio y las voces que reclaman terminan silenciadas. El segundo es el de la reacción parcial, con operativos visibles pero temporales, sin seguimiento financiero ni reconstrucción de mercado. Y el tercero —el más desafiante pero necesario— es el de la intervención integral, en la que el Estado retoma la gobernabilidad económica, desmantela las redes de cobro y devuelve a los productores la certeza de trabajar sin miedo.
No es una meta inalcanzable. México ya lo logró antes.
Durante su mejor etapa, la Policía Federal demostró que la seguridad podía construirse con inteligencia, proximidad y método. Fue la institución que integró investigación, tecnología y presencia territorial. En esos años se lograron detenciones de líderes y operadores financieros de grupos criminales, así como la desarticulación de células dedicadas al secuestro y la extorsión.El éxito no radicó en la fuerza, sino en la coordinación y la constancia: en estar donde nadie más estaba, y quedarse el tiempo suficiente para recuperar la confianza.
Ese modelo —civil, técnico y profesional— está regresando.Hoy se percibe una recuperación de la coordinación interinstitucional, un trabajo más planificado y un enfoque que prioriza resultados judicializados sobre despliegues mediáticos. Es el regreso a una forma de hacer seguridad pública que entiende que la autoridad no se impone: se construye.
El futuro del limón —y de todo el campo mexicano— dependerá de cuál de estos escenarios prevalezca. Si la violencia se normaliza, el crimen seguirá cobrando impuestos invisibles a productores y consumidores por igual. Pero si el Estado logra sostener su presencia con inteligencia, planeación y profesionalismo, la legalidad volverá a ser rentable y la extorsión, inviable.
En 2014, los limoneros demostraron que sí se puede recuperar el control. Diez años después, el desafío es mantenerlo. Porque cuando la autoridad vuelve y se queda, el precio del limón deja de depender del miedo… y vuelve a depender del trabajo.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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