Respira
Por Sophia Huett
Terminó su turno y se fue a casa. No hubo nada extraordinario durante el servicio, solo lo de siempre: una discusión entre vecinos, un reporte inconsistente, un niño con mirada llorosa ante la desatención de sus padres. Y pensó, una vez más, en lo que había leído en el periódico: cada vez más leyes sobre el actuar policial, sobre los requisitos de ingreso, sobre el perfil que se exige… en contraste con las pocas obligaciones que tiene su institución para con él, empezando por la seguridad social. Sin mencionar que llevaba semanas durmiendo mal, con el estrés acumulado.
Es la lógica que se repite en México: a las y los policías se les legisla con precisión para castigarlos, pero no con la misma fuerza para cuidarlos. Al perro más flaco se le siguen cargando las pulgas, un dicho que, tristemente, cobra sentido cuando hablamos de las y los policías en México: se acumulan las exigencias, los controles y las sanciones, pero no las condiciones para sostenerlas.
Ahí está la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es clara y minuciosa cuando se trata de control: evaluaciones obligatorias, certificaciones, causas de separación, regímenes disciplinarios. Si no cumples, te vas. Si fallas, hay procedimiento. El sistema sabe perfectamente cómo corregir… o cómo expulsar.
Pero cuando se trata de obligar al Estado a garantizar condiciones mínimas para que esa misma policía pueda sostenerse —salud mental, descanso real, acompañamiento después de eventos críticos, certeza laboral—, la norma se vuelve más general, más débil, más difusa. Se menciona, pero no se construye con la misma contundencia.
Y esa diferencia no es casual.
En buena medida responde a que quienes legislan pocas veces se asoman a la realidad cotidiana de la función policial. Se legisla desde una esfera distante, donde la policía es un concepto, no una persona que lleva turnos extendidos, que duerme mal, que enfrenta violencia y que regresa a casa con lo que vio durante el día. Desde ahí es más sencillo diseñar controles, ampliar sanciones y exigir estándares. Mucho más difícil es construir condiciones.
Por eso, la balanza se inclina siempre hacia el mismo lado.
Se proponen y aprueban reformas para endurecer sanciones, ampliar responsabilidades, restringir conductas fuera de servicio, reforzar controles de confianza o castigar el uso indebido de uniformes. Es decir, el marco para vigilar y sancionar crece, se detalla, se perfecciona.
En paralelo, las propuestas para cuidar a la policía llegan más tarde y con menor impulso: programas de atención psicológica, evaluaciones emocionales periódicas, esquemas de acompañamiento, políticas de bienestar. Existen, sí, pero no son el centro.
El castigo es sistema. El cuidado, solo insinuación.
No es un tema de empatía ni de aspirar a ser “buenos gobernantes”. Es un asunto de funcionamiento institucional. Sin condiciones mínimas de bienestar, descanso, estabilidad y acompañamiento emocional, ningúna policía puede sostener estándares adecuados de actuación. La Organización Mundial de la Salud ha sido clara en señalar que el estrés sostenido impacta directamente la capacidad de respuesta y la toma de decisiones. Y la Organización de las Naciones Unidas advierte que el desempeño ético de quienes hacen cumplir la ley depende también del entorno institucional que los respalda. No se trata de ser “buenos”, se trata de que el sistema funcione.
Porque una policía cansada, desvelada, con incertidumbre laboral y sin respaldo emocional no solo está en desventaja: es más propensa a equivocarse. Y en seguridad pública, los errores no son menores.
El contraste es aún más evidente en el caso de las mujeres policías. Las leyes sancionan —correctamente— el acoso y la violencia. Pero prevenir implica algo más: condiciones para la maternidad, espacios adecuados, mandos formados, protocolos claros, redes de apoyo. Eso rara vez ocupa el centro del debate.
Se llega cuando el daño ya está hecho.
El Estado mexicano tiene base suficiente para cambiar esta lógica. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la salud y obliga a garantizar derechos humanos. Eso incluye a quienes portan uniforme. No hay vacío legal: hay una decisión sobre dónde poner la prioridad.
Y hoy la prioridad es clara.
Se legisla para controlar, para sancionar, para delimitar; pero muy poco para sostener, como si la disciplina pudiera existir sin condiciones mínimas de bienestar.
La pregunta no es si debe haber castigo. Claro que debe haberlo. La pregunta es por qué siempre es lo primero que se fortalece, mientras el cuidado sigue siendo lo que apenas se menciona.
Porque lo que no se atiende se acumula.
Y una institución no se rompe de un día a otro. Se desgasta en silencio… hasta que falla.
Y entonces sí: la ley está lista para castigar. Pero sigue sin estar lista para cuidar.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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