Respira
Por Stephanie Henaro Canales
Elon Musk gastó más de 200 millones de dólares para que Ken Paxton llegara al Senado estadounidense por Texas. Paxton perdió. Y con él, una de las apuestas políticas más costosas de Silicon Valley.
Pero la factura electoral podría ser apenas el principio.
Los demócratas recuperaron el control del Congreso y algunas empresas vinculadas a la inteligencia artificial enfrentaron presiones bursátiles ante el temor de nuevas restricciones regulatorias. De pronto, el dinero que los gigantes tecnológicos invirtieron para influir en Washington parece haber comprado menos certezas de las que esperaban.
Según una investigación del New York Times, los veinte mayores donantes aportaron aproximadamente 2,000 millones de dólares durante el ciclo electoral. Musk encabezó la lista con 445.6 millones; Marc Andreessen y Ben Horowitz sumaron 116.4 millones; Greg y Anna Brockman, 50 millones; y Reid Hoffman, 41.8 millones.
Pero Silicon Valley no apostó por un solo partido.
Mientras Musk financiaba a Paxton, Hoffman, cofundador de LinkedIn, destinó 16.5 millones de dólares a respaldar a su adversario demócrata, James Talarico, quien terminó ganando.
En Ohio ocurrió algo semejante. La industria de las criptomonedas gastó decenas de millones para impedir que el demócrata Sherrod Brown regresara al Senado. Brown ganó.
¿Significa esto que el dinero perdió su influencia sobre la política estadounidense?
No exactamente.
Las grandes fortunas no financian campañas solamente para elegir candidatos. También buscan influir en las reglas que afectan sus negocios.
Andreessen Horowitz y los Brockman respaldaron iniciativas favorables a una regulación más flexible de la inteligencia artificial. Empresas como Coinbase y Ripple invirtieron millones para influir en la legislación sobre criptomonedas.
Y aquí aparece la consecuencia que Wall Street comienza a evaluar.
La inteligencia artificial necesita centros de datos, electricidad, agua y enormes inversiones. Pero Texas, uno de los territorios estratégicos para esta industria, acaba de elegir a Gina Hinojosa, una gobernadora demócrata que ha planteado restricciones a la construcción de nuevas instalaciones.
Si estas políticas avanzan, podrían aumentar los costos, retrasar proyectos y alterar las decisiones de inversión de algunas tecnológicas.
No significa que la inteligencia artificial vaya a detenerse. Significa que su expansión podría enfrentar mayores condiciones políticas, ambientales y económicas.
Para México, esto abre una pregunta estratégica: ¿podríamos atraer parte de las inversiones que encuentren obstáculos al norte de la frontera? Quizá. Pero solamente si contamos con infraestructura eléctrica, agua y condiciones suficientes para competir.
El resultado electoral también nos recuerda que Silicon Valley no es un bloque político uniforme. Algunos de sus empresarios financiaron precisamente a los vencedores.
Por eso, la verdadera pregunta no es cuánto dinero perdieron los multimillonarios, sino cuánto poder conservaron para influir en las decisiones que vienen.
Porque las elecciones demostraron que el dinero puede financiar una campaña, pero no garantizar una victoria. Y mucho menos asegurar que el territorio, los recursos y las instituciones estarán siempre a disposición de quien pueda pagarlos.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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