Por Yessica de Lamadrid
Hay violencias que no terminan cuando dejan de golpearte. Empiezan ahí.
Empiezan cuando el agresor dice “Eso no pasó” “Fue un accidente” “No fue para tanto.”
Y lo peor no es que lo diga. Lo peor es cuando el sistema empieza a parecerse a esa versión.
Todo cambia el día que decides denunciar. Llegas con un médico legista que en teoría debería ayudarte, pero te dice que lo pienses bien, que te tomes tu tiempo, que no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Como si denunciar fuera el problema.
Después llegas al Ministerio Público. Ahí, muchas veces, se cometen errores. Clasifican lo que viviste como algo “no grave”, de esas cosas que pasan todos los días, a todas horas, con todo el mundo. Te observan con desconfianza y te preguntan como te insultó, cuánto dolieron los golpes que recibiste, como si el dolor pudiera medirse en una escala del 0 al 10 para poder plasmarse en papeles.
Los médicos te revisan y se escandalizan. Pero cuando saben que su dictamen va a servir de evidencia para una denuncia, bajan el tono y la gravedad de las lesiones, suavizan las palabras. Como si decir la verdad completa fuera demasiado.
Y entonces empieza lo más cansado.
Tienes que probar que sí pasó, una y otra vez.
Probar que los golpes existieron. Que el miedo existe. Que el dolor no se borra en quince días. Probar que no estás exagerando, que no estás mintiendo. Que no estás loca.
Cuando por fin alguien te cree, llega otra forma de violencia.
Te dicen que hay “reparación del daño”, el problema es que el sistema solo sabe reparar lo que se puede cuantificar. Que todo se puede resolver con dinero.
Y entonces aparece la pregunta que nadie sabe contestar ¿cómo se cuantifica cuánto cuesta el miedo que se siente? ¿Cuánto cuestan las noches sin dormir de tanto recordar? ¿Cuánto cuesta vivir con dolor todos los días?
Después vienen los abogados. No buscan justicia. Buscan que el caso sea fácilmente resuelto, que no llegue a un juez. Que todo se olvide.
Te ofrecen acuerdos, promesas de “no repetición”, básicamente dinero a cambio de un perdón.
Y entonces llegan las dudas. Si ya lo hizo una vez, ¿qué lo va a detener de repetirlo?
Pero el sistema, muchas veces, te empuja a cerrar. A no “agravar” la situación. A salir al paso.
Si decides seguir, llegas ante un juez. Ahí ya no eres una persona, eres un caso. Un turno más, un expediente más en una lista interminable diaria.
La justicia debe escuchar a todos, ese es su principio. El problema es cuando escuchar a todos se convierte, en la práctica, en dudar siempre de quien denuncia.
Si bien te va, el juez toma una decisión que castigue el hecho. Pero ahí no termina nada, se empeora. Porque el agresor siente que es víctima y argumenta que fue tratado injustamente. Y tú, sientes que nada alcanza. Que nada se acerca a lo que viviste. Que la justicia no repara, que apenas reconoce.
Y entonces aparece la pregunta que de verdad importa ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como para que esto pase todos los días?, pero, sobre todo, ¿Qué estamos haciendo para que deje de pasar?
Porque el problema no es solo la violencia. El problema es todo lo que viene después. Un sistema que muchas veces duda. Que minimiza. Que negocia.
Un sistema donde sobrevivir no es suficiente. Tienes que demostrarlo. Tienes que defender tu historia. Tu dolor. Tu verdad. Hasta el cansancio.
Y en ese proceso, muchas veces, se pierde algo más. La confianza. La tranquilidad. La sensación de estar a salvo.
Por eso esto no es solo un problema legal. Es un problema estructural, un problema de todos. Porque una sociedad que obliga a las víctimas a probar su dolor, no solo tolera la violencia, empieza a acostumbrarse a ella.
En México, la violencia no solo se vive. Muchas veces, también se tiene que demostrar. Y cuando demostrar el dolor se vuelve parte del proceso, la violencia nunca termina.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.

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