Respira
Por Yohali Reséndiz
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, encabezada por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, atraviesa uno de los momentos más delicados en materia de seguridad institucional.
Desde que asumió el cargo el 3 de diciembre de 2023 para el periodo 2023–2029, la primera mujer en dirigir la UAEM ha tenido que enfrentar un entorno marcado por hechos violentos en la zona norte de Cuernavaca, particularmente en Chamilpa.
El caso que cimbró a la comunidad fue la desaparición y posterior localización sin vida de la estudiante de 18 años Kimberly Jocelin Ramos Beltrán. Marchas. Protestas. Exigencias de justicia. Una comunidad universitaria está preguntando algo básico: ¿los estudiantes estamos seguros?
Y, mientras tanto, denuncias constantes por asaltos, zonas oscuras, vigilancia insuficiente y presunta venta de drogas en el entorno universitario. La detención de Jared Alejandro “N”, señalado por presunta comercialización de estupefacientes dentro de la universidad, ha sido lo más preocupante.
Pero hay otro dato que obliga a mirar más allá y a ponerlo en la mesa.
La UAEM mantiene contratos millonarios para la prestación del servicio de vigilancia con la empresa Integradora de Sistemas en Seguridad Hebron, constituida el 22 de septiembre de 2016 en Cuernavaca, Morelos, con un capital social mínimo de 50 mil pesos. El socio mayoritario es Jean Aoki Reyes Urióstegui, con una participación de 40 mil pesos, equivalente al 80 por ciento del capital.
Su nombramiento es el de gerente general, formalizado en una escritura pública protocolizada ante la Notaría Pública Número Uno de Jiutepec, Morelos.
El objeto social de la empresa es extraordinariamente amplio: seguridad privada, instalación y operación de sistemas de videovigilancia, CCTV, telecomunicaciones, desarrollo de software y hardware, inteligencia y contrainteligencia electrónica, obra pública —como ocurrió en el caso del municipio de Hueyapan en 2024—, además de proyectos privados y desarrollo inmobiliario.
Es decir, no se trata únicamente de colocar guardias. También puede instalar, operar y monitorear sistemas tecnológicos de vigilancia.
En 2024 la UAEM realizó la licitación LP08/2024. Participaron dos empresas. Una fue desechada. La adjudicación fue para Hebron.
Se firmó contrato del 20 de junio de 2024 al 20 de marzo de 2025.
Posteriormente, en 2025, un nuevo contrato del 14 de mayo de 2025 al 15 de marzo de 2026 por alrededor de 30 millones de pesos, cifra pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Si esa cantidad se divide entre los días del año, el costo diario ronda los 82 mil pesos.
Ochenta y dos mil pesos diarios.
Es un servicio contratado de lunes a domingo, con cobertura permanente con al menos 119 elementos fijos las 24 horas, financiado con recursos públicos universitarios.
Entonces surge la pregunta inevitable.
¿Qué amparan exactamente esos millones?
¿Incluyen monitoreo efectivo de cámaras?¿Control perimetral real?¿Incluyen reportes de incidencia sistemáticos?
Y otra más concreta:
¿Prestan el servicio los 119 guardias de forma permanente?
Tras el asesinato de Kimberly, la comunidad universitaria exigió revisar accesos y sistemas de videovigilancia. Tras la detención de Jared Alejandro “N”, surge otra interrogante aún más incómoda: si había actividad de narcomenudeo en el entorno universitario, ¿la empresa encargada de la vigilancia no lo detectó?, ¿no lo reportó?, ¿no activó ningún mecanismo preventivo?, ¿o simplemente no le corresponde hacerlo pese a los millones que se pagan por seguridad?
A esto se suma un componente político.
Jean Aoki Reyes Urióstegui ha sido señalado públicamente como cercano, operador y posible prestanombres del senador por Morelos Víctor Aureliano Mercado Salgado, conocido como “El Wero”.
La cercanía política no constituye delito automático. Pero cuando el socio mayoritario y gerente de la empresa que presta seguridad en una universidad pública mantiene vínculos con un senador en funciones y al menos diez empresas vinculadas, el escrutinio debe ser mayor, no menor.
Más aún cuando el capital social mínimo es de 50 mil pesos y los contratos alcanzan decenas de millones.
Hay otro detalle que también llama la atención.
La empresa se ubica en calle San Juan número 28, colonia Chapultepec, en Cuernavaca.
Ese mismo domicilio y número telefónico también aparece asociado a Digital Teknon, una empresa dedicada a servicios de facturación, vinculada con los mismos propietarios.
La UAEM es una institución autónoma, y la autonomía no significa opacidad.
Si desde 2023 esta empresa ha sido responsable de la seguridad universitaria, ¿qué resultados medibles puede mostrar?, ¿ha disminuido la incidencia delictiva?, ¿ha mejorado la percepción de seguridad?, ¿existen auditorías técnicas del servicio?, ¿se han aplicado sanciones contractuales por incumplimientos?
Y más allá de la universidad:
¿A cuántas otras instituciones públicas en Morelos presta servicio Hebron?¿Cuántos contratos ha obtenido desde 2023?¿Cuál es su evaluación de desempeño?
La seguridad universitaria no debería ser una cifra en el presupuesto.
Es la tranquilidad de miles de jóvenes que cruzan diariamente el campus esperando regresar a casa.
Cuando una estudiante fue asesinada, cuando hay denuncias reiteradas de inseguridad y cuando un joven fue detenido por presunta venta de drogas en el entorno universitario, la discusión deja de ser técnica; es ética, política y pública.
Y ante este panorama surge una pregunta inevitable para la gobernadora Margarita González Saravia:
¿Qué hará al conocer que otro tentáculo del senador Víctor Aureliano Mercado Salgado está inmiscuido ahora en la seguridad de la UAEM?, ¿guardará silencio bajo el argumento de la autonomía universitaria o exigirá transparencia y resultados cuando se trata de la seguridad de jóvenes morelenses?
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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