Respira
Por Yohali Reséndiz
¿Qué tiene que ver Picacho 259 con Michoacán? Todo. Y hoy la denuncia que documento gira en torno a extorsiones al interior del Instituto Electoral de Michoacán, gestiones de proveedores a nombre de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, e intervención en nombramientos estratégicos.
Según fuentes a las que tuve acceso, la expresidenta del INE y Jorge Montaño, consejero electoral, habrían utilizado el cargo para designar y remover autoridades electorales y favorecer a determinados proveedores. Esa es la conexión con #Picacho259.
Para entender lo ocurrido, hay que explicar primero quiénes salieron del instituto y por qué.
El 19 de junio de 2026, el Consejo General del INE aprobó la remoción de Ignacio Hurtado Gómez, entonces presidente del IEM, y de Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza, integrantes del mismo Consejo. Silvia Verónica Mauricio Salazar había renunciado con efectos a partir del día anterior, por lo que el procedimiento en su contra fue sobreseído. Cuatro destituciones, una renuncia y cinco lugares vacantes en un órgano integrado por siete personas.
La causa oficial fue un nombramiento: habían aprobado que una persona quedara provisionalmente al frente del Órgano Interno de Control, responsable de vigilar el ejercicio de los recursos y las responsabilidades administrativas dentro del instituto.
Las consejerías defendieron que existía una laguna normativa y que era necesario mantener funcionando esa oficina. El INE resolvió que habían invadido una facultad del Congreso de Michoacán. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó por unanimidad las remociones en el expediente SUP-RAP-162/2026 y sus acumulados.
Esa fue la explicación institucional, pero hay algo más. Un ciudadano denunció ante el INE a esos cinco integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por haber aprobado el nombramiento provisional de una persona encargada del Órgano Interno de Control. Los acusó de ejercer una facultad que correspondía al Congreso del estado y pidió su remoción. Las consejerías defendieron que buscaban mantener funcionando esa oficina ante una laguna normativa y, días después, ese mismo denunciante les habría pedido un millón de pesos para retirar la queja.
Así, mientras el asunto permanecía sin avanzar en la Dirección de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política contra las Mujeres, Ricardo Alberto Cuevas Díaz, identificado como líder de proyecto de la presidencia del INE, les solicitó un “apoyo” de 500 mil pesos: cien mil por cada una de las cinco personas denunciadas.
Y, para variar, Omero Valdovinos Mercado, exmagistrado del Tribunal Electoral de Michoacán y colaborador de Jorge Montaño Ventura, les pidió 60 mil pesos mensuales a cambio de “detener el procedimiento” hasta que concluyera el proceso electoral de 2027.
Ninguno de los cinco accedió y el procedimiento prosperó.
Pero ¿qué papel jugó en Michoacán Jorge Montaño Ventura, consejero electoral del INE y presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales?
Resulta que su comisión interviene en la selección y designación de quienes integran las autoridades electorales estatales. Desde esa posición, participó en decisiones que determinaron quiénes llegarían al Consejo General.
Montaño impulsó las remociones y Omero Valdovinos Mercado operó como su interlocutor para las presuntas exigencias económicas. La cercanía profesional entre ambos y la participación de Valdovinos como aspirante a una consejería del IEM han sido documentadas incluso por la prensa michoacana.
Pero ¿dónde entran los proveedores?
Resulta que, durante la preparación de la elección judicial, según el relato recibido, varias personas buscaron al entonces presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, para ofrecer materiales y documentación electoral. Se presentaron diciendo que iban de parte de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE.
Hurtado no las recibió. Esa negativa molestó muchísimo a Taddei.
Además, Talleres Gráficos de México comunicó al IEM que no tenía capacidad para atender la impresión de sus boletas, y estas terminaron contratándose con una empresa identificada en el testimonio como “Gráficas Corona”.
Luego de las remociones, se concretaron las compras con los proveedores que habían sido recomendados previamente.
Y sí, aquí está el fondo del caso: quienes podían participar en la integración de las autoridades electorales también tenían capacidad de influir en el entorno donde se decidían las contrataciones. Todo un mecanismo de presión.
Después de las salidas de los consejeros, llegaron movimientos en oficinas estratégicas.
Luis Arturo Sánchez Gómez fue nombrado encargado de la Dirección de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos. Mario Eduardo Uribe López quedó al frente de la Coordinación Normativa Administrativa. La primera es un área vinculada con la administración de recursos; la segunda, con la normativa administrativa que acompaña las decisiones del organismo.
La información publicada sobre estos nombramientos documenta la trayectoria profesional de ambos en Tabasco y que Mario Eduardo Uribe López trabajó como actuario en la ponencia de Jorge Montaño Ventura cuando este era magistrado del Tribunal Electoral de esa entidad.
A Jorge Montaño Ventura, consejero electoral del INE y presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le atribuye haber impulsado ambas incorporaciones en el marco de una misma disputa por el control administrativo del IEM.
La presidencia provisional quedó en manos de Selene Lizbeth González Medina, consejera electoral desde octubre de 2024 y nombrada presidenta provisional a partir del 25 de junio de 2026.
Sobre su llegada al instituto, recibí otro señalamiento: que había trabajado con Omero Valdovinos Mercado en el tribunal local y que reconoció haberle pedido apoyo para obtener la consejería, a pesar de una vergonzosa calificación de 6.25 en el examen de conocimientos y un resultado no aprobatorio en competencias gerenciales. También se señala una denuncia por desempeño que, según el testimonio, permanece sin avanzar en el INE.
Los cambios dejaron al instituto con una integración distinta antes del arranque de la siguiente elección. El proceso electoral local comenzó formalmente el 11 de septiembre de 2026. Las remociones habían ocurrido en junio.
Y, para rematar, un último señalamiento relacionado con los recursos del IEM: el ofrecimiento de sistemas informáticos del INE, entre ellos el ELEC, utilizado para tareas relacionadas con supervisores y capacitadores electorales. Se pretendía cobrar por herramientas que el instituto michoacano podía desarrollar mediante su propia área de informática.
Por eso, la pregunta del principio tiene aquí su respuesta: Michoacán tiene lugar en la investigación de #Picacho259 por la relación entre nombramientos, poder institucional y proveedores electorales.
Si tiene información o alguna denuncia sobre este u otro tema, escriba a periodismoatodaprueba@gmail.com. Sígame en X, TikTok, Facebook e Instagram como @yohaliresendiz.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Comentarios ()