Respira
Por Bibiana Belsasso
Investigar al poder, documentar actos de corrupción, revelar vínculos entre autoridades y grupos criminales o simplemente informar sobre la realidad puede costar la vida.
Hoy, en lugar de fortalecer la protección a quienes todos los días salen a hacer su trabajo para mantener informada a la sociedad, el gobierno impulsa una regulación para coartar la libertad de expresión y censurar.
Para el gobierno no ha sido suficiente tener un Poder Judicial a modo, un INE cooptado y un Tribunal Electoral que ellos controlan. Haber ejercido una mayoría que no les correspondía en el Congreso y haber desaparecido organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ahora van por la libertad de expresión de los medios electrónicos. La realidad es que los contrapesos no les gustan.
Ahora, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones inició una consulta pública para emitir los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Otra consulta para tratar de legitimar al gobierno y, en este caso, una ley de censura. Una consulta para justificar una ley censura.
En el papel, el nombre parece incuestionable. ¿Quién podría oponerse a proteger a las audiencias? ¿Quién estaría en contra de que exista subtitulaje para personas con discapacidad, de impedir que la publicidad se disfrace de información o de fortalecer mecanismos para que los ciudadanos puedan presentar quejas? Absolutamente nadie.
El problema es que, junto con esos objetivos legítimos, la propuesta incorpora disposiciones que se convertirán en mecanismos de control sobre los medios electrónicos y sobre los periodistas que trabajan en ellos.
Y es que al Ejecutivo federal le incomoda que se publiquen casos de corrupción, desvío de recursos, abusos de autoridad, negligencia o malos resultados, y la función del periodismo consiste precisamente en investigar, documentar y exhibir aquello que el poder preferiría mantener oculto.
Es muy preocupante que, después de una serie de reformas que han concentrado cada vez más poder en el Estado, ahora se pretenda avanzar sobre los medios de comunicación. Esta nueva estrategia consiste en dirigirse hacia la radio y la televisión.
Vale la pena explicar qué son realmente los derechos de las audiencias. Se trata de un conjunto de garantías para que los ciudadanos reciban contenidos de calidad, información claramente diferenciada de la publicidad, programación accesible para personas con discapacidad y respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En esencia, se dice que buscan proteger a quienes consumen contenidos en los medios de comunicación.
El problema es que esos derechos no fueron concebidos para que una autoridad intervenga en las decisiones editoriales de un medio de comunicación ni para convertirse en un mecanismo de supervisión sobre el trabajo periodístico.
Ahora la propuesta establece que los concesionarios de radio y televisión deberán colocar plecas, cortinillas, mensajes en pantalla o avisos sonoros para distinguir cuándo un periodista está informando y cuándo está opinando.
En teoría parece una medida sencilla. En la práctica resulta extraordinariamente complicada.
El periodismo no consiste únicamente en leer hechos aislados. Informar también implica explicar antecedentes, aportar contexto, contrastar versiones, consultar especialistas y ayudar a comprender un acontecimiento. Separar de manera absoluta la información de la interpretación es, muchas veces, imposible.
Pensemos en un reportaje sobre la violencia que vive Sinaloa desde la ruptura entre La Mayiza y La Chapiza. Informar que el conflicto se intensificó tras la captura y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada es un hecho ampliamente documentado. Explicar cómo ese acontecimiento modificó el equilibrio entre las organizaciones criminales forma parte del análisis periodístico. Sin embargo, alguien podría considerar que esa explicación constituye una opinión y no información.
Ese es precisamente el riesgo, porque los nuevos lineamientos fortalecen además la figura del defensor de las audiencias. Si una concesionaria no atiende sus recomendaciones, el procedimiento permite solicitar la intervención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que podría iniciar procedimientos administrativos y eventualmente imponer sanciones.
Un “defensor de las audiencias” que va a revisar los contenidos y que, si considera que existe un incumplimiento de los lineamientos, podrá dar paso a procedimientos que deriven en sanciones importantes. Por supuesto un tema subjetivo, el gobienro interpretará la información como le convenga.
Las multas contempladas alcanzan hasta el uno por ciento de los ingresos acumulables de la concesionaria.
Cuando una empresa sabe que un reportaje, un comentario o una investigación pueden derivar en un procedimiento administrativo o en una sanción millonaria, el incentivo deja de ser informar con libertad y comienza a ser el evitar problemas. Así nace la autocensura.
Eso es lo que durante años especialistas en libertad de expresión han denominado el “efecto inhibidor”: no hace falta prohibir directamente una investigación o una opinión; basta con generar suficientes riesgos para que muchos prefieran no publicarla.
Paradójicamente, la propia Constitución establece exactamente lo contrario. El artículo 6 garantiza el derecho de toda persona a recibir información plural y oportuna. El artículo 7 protege la libertad de difundir opiniones e ideas por cualquier medio y prohíbe expresamente la censura previa.
Las audiencias no necesitan que el Estado les diga cuándo un periodista informa y cuándo opina. Son perfectamente capaces de escuchar distintas versiones, contrastar argumentos y construir su propio criterio.
La verdadera protección de las audiencias consiste en garantizar que existan muchos medios, muchas voces y muchas versiones de un mismo hecho. Porque solo donde existe pluralidad informativa puede hablarse de una sociedad verdaderamente libre.
Mientras tanto, en México siguen asesinando periodistas. Siete tan solo en lo que va de este año. Lo verdaderamente urgente no es imponer nuevas reglas para decirles cómo informar.
Lo urgente es garantizar que quienes informan puedan seguir con vida. Porque cuando un periodista es silenciado, no pierde únicamente una persona: pierde toda la sociedad su derecho a conocer la verdad.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Comments ()