Por Claudia Pérez Atamoros
El primer agresor de las mujeres periodistas mexicanas es el mismísimo Estado. Sí, ese que en “teoría” —en el país de la utopía— está obligado a garantizarles que puedan ejercer su profesión en libertad y con seguridad.
Así lo documenta el más reciente monitoreo de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de este año.
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