Respira
Por Cristina Gutiérrez Salman
La semana pasada, el ministro de defensa israelí, Israel Katz, declaró que se está preparando un plan para desplazar a la población palestina de Gaza a un campamento en el sur de la franja. El ministro Katz manifestó su intención de construir una “ciudad humanitaria” sobre las ruinas de la ciudad de Rafah en donde inicialmente se albergaría a 600,000 personas y posteriormente a los 2.1 millones de habitantes de la Franja de Gaza. Según este plan, las personas trasladadas a esta zona deberán ser sometidas a un control de seguridad a su entrada para garantizar que no sean combatientes de Hamás y una vez dentro no se les permitirá salir. El objetivo de la propuesta es que la población confinada en este campamento eventualmente sea desplazada de forma definitiva sin la posibilidad de regresar y sea acogida por alguno de los países árabes vecinos, materializando de esta forma el proyecto de limpieza étnica que el gobierno israelí lleva más de 21 meses desarrollando en Gaza. Tanto el presidente Trump como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmaron estar en pláticas con varios países árabes de la región para negociar que estos reciban a los palestinos desplazados de Gaza.
Por su parte, los países árabes manifestaron su rechazo absoluto a este plan afirmando que el desplazamiento forzado de la población palestina constituiría “una grave violación del derecho internacional y un crimen de lesa humanidad”. Diversos expertos en derecho internacional también advirtieron que el plan representaría una forma de limpieza étnica pues se prohibiría indefinidamente a la población a regresar a sus hogares en otras partes de Gaza. De llevarse a cabo “el plan constituiría una serie de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y podría equivaler al delito de genocidio”.
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