Respira
Por Damaris Espinosa
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México abrirá una discusión para regular la inteligencia artificial. La noticia fue bien recibida. Resulta difícil sostener que una tecnología capaz de transformar la educación, el trabajo, la seguridad o la administración pública no necesite reglas. La regulación llegará tarde o temprano; la pregunta nunca ha sido si debemos hacerlo, sino cómo.
Sin embargo, mientras la conversación pública se concentra en la inteligencia artificial, una transformación mucho más profunda ya está ocurriendo frente a nosotros y, paradójicamente, casi no forma parte del debate nacional: el Estado mexicano comenzó a reescribirse en código.
No ocurre en el laboratorio tecnológico de una empresa privada, sino dentro de las instituciones públicas. Con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el impulso a Llave MX como mecanismo de identidad digital, la interoperabilidad entre dependencias y la simplificación de trámites, el gobierno está construyendo la infraestructura que organizará la relación entre las personas y el Estado durante las próximas décadas. La narrativa oficial presenta este proceso como un proyecto de modernización basado en la eficiencia: menos filas, menos burocracia, menos tiempo perdido. Son objetivos legítimos y necesarios, pero la eficiencia, por sí sola, nunca ha sido un proyecto democrático.
Cuando el gobierno habla de transformación digital, suele hacerlo desde la innovación, la simplificación administrativa o el combate a la corrupción. Lo que casi nunca aparece es la pregunta que realmente determinará el alcance de esta transformación: ¿bajo qué principios democráticos está el país construyendo esa nueva infraestructura? Porque la infraestructura pública digital no es simplemente un conjunto de plataformas o aplicaciones; es la arquitectura institucional que definirá cómo nos identificamos frente al Estado, cómo ejercemos nuestros derechos, qué información podrá compartirse entre instituciones, quién tendrá acceso a nuestros datos, qué decisiones podrán automatizarse y qué mecanismos existirán para supervisarlas, auditarlas y corregirlas cuando fallen.
En otras palabras, no solo estamos digitalizando trámites: estamos rediseñando el funcionamiento del Estado. Y como toda arquitectura institucional distribuye poder, esta infraestructura terminará definiendo quién accede con mayor facilidad a los servicios públicos, cómo se ejerce la ciudadanía y qué capacidad tendremos para exigir cuentas a las instituciones. Así como las carreteras transformaron el desarrollo económico o el internet modificó la participación pública, la infraestructura digital redefinirá la relación entre el Estado y las siguientes generaciones de ciudadanas y ciudadanos.
Por eso resulta insuficiente que el primer gran debate nacional anunciado sea la regulación de la inteligencia artificial. No porque no sea necesaria, sino porque estamos empezando la conversación por el último eslabón de la cadena. La inteligencia artificial depende de registros públicos confiables, identidad digital, bases de datos interoperables y reglas para compartir información; en otras palabras, depende de una infraestructura pública digital que ya comenzó a construirse.
Regular la inteligencia artificial sin discutir primero esa infraestructura es como debatir el reglamento de tránsito antes de decidir cómo serán las carreteras. La inteligencia artificial podrá automatizar decisiones, pero la infraestructura pública digital determinará quién podrá acceder a ellas, bajo qué condiciones y con qué garantías. Es ahí donde el debate deja de ser tecnológico para convertirse en una discusión profundamente democrática sobre la distribución del poder, el ejercicio de los derechos y los límites de la actuación del Estado.
El problema es que esa conversación prácticamente no existe. Las decisiones sobre la transformación digital han permanecido concentradas entre gobiernos, especialistas y comunidades técnicas, cuya experiencia resulta indispensable, pero insuficiente cuando lo que está en juego es la forma en que millones de personas ejercerán sus derechos. Esa ausencia de deliberación pública revela un déficit en el proceso democrático: estamos definiendo la arquitectura institucional del Estado digital sin una discusión amplia sobre los principios que deben gobernarla, como si la tecnología fuera una decisión exclusivamente técnica y no una decisión profundamente política.
Sorprende que, mientras se habla de interoperabilidad, inteligencia artificial y simplificación administrativa, casi no exista una conversación pública sobre gobernanza de datos, supervisión independiente, transparencia algorítmica, mecanismos efectivos de rendición de cuentas o participación ciudadana en el diseño de esta infraestructura. El lenguaje tampoco es neutral. Cuando la transformación digital se presenta únicamente como una política de eficiencia administrativa, deja de reconocerse que también constituye una de las reformas institucionales más importantes de las próximas décadas y, por tanto, una reforma democrática.
Si México está listo para abrir un debate nacional sobre inteligencia artificial, también debería estar listo para discutir cómo construir un Estado digital democrático. Eso implica definir principios públicos antes de escribir sistemas informáticos, establecer reglas claras para la gobernanza de los datos, garantizar transparencia en el uso de sistemas automatizados, proteger la privacidad, asegurar la accesibilidad e incorporar mecanismos reales de participación ciudadana desde el diseño de la infraestructura y no cuando esta ya se encuentre implementada.
También implica cambiar la forma en que medimos el éxito de la transformación digital. La pregunta no debería limitarse a cuántos trámites fueron digitalizados o cuánto tiempo se redujo en una ventanilla, sino a si esa infraestructura está disminuyendo desigualdades, fortaleciendo la confianza en las instituciones, ampliando el acceso efectivo a los derechos y haciendo más democrática la relación entre el Estado y la ciudadanía. Esas son las métricas que realmente importan.
Durante décadas entendimos que la construcción de carreteras, hospitales o redes eléctricas era una decisión de interés público porque definía el desarrollo del país. Hoy necesitamos asumir que la infraestructura que sostendrá buena parte de nuestra vida democrática ya no será de concreto, sino digital. La decisión de construirla parece estar tomada; lo que todavía podemos decidir es bajo qué principios se diseñará, quién participará en su construcción y qué mecanismos garantizarán que permanezca al servicio de las personas y no únicamente de la administración pública.
Porque si México está listo para debatir cómo regular la inteligencia artificial, también debería estar listo para debatir quién gobierna el código que organizará el acceso a nuestros derechos. Las democracias del siglo XXI no solo se escribirán en las leyes; también se escribirán en el código. La diferencia es que las leyes se discuten en el espacio público, mientras que el código suele escribirse lejos de él. Si no corregimos ese vacío, corremos el riesgo de construir un Estado más eficiente, pero también más opaco y con menor control ciudadano.
El reto no consiste únicamente en regular una tecnología. Consiste en asegurar que la transformación digital fortalezca la democracia en lugar de debilitarla. Porque el código que organizará nuestra relación con el Estado merece el mismo escrutinio público, la misma deliberación democrática y la misma rendición de cuentas que cualquier otra gran reforma institucional.
*Damaris Espinosa Hernández es abogada y especialista en políticas públicas, con más de una década de experiencia en incidencia, participación ciudadana y diseño de estrategias para impulsar cambios en la agenda pública. Actualmente es coordinadora de Incidencia y Campañas en Accionario, donde trabaja en el desarrollo de campañas, proyectos de innovación cívica y estrategias de incidencia para fortalecer la democracia y la participación ciudadana.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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